Artículos aparecidos en la prensa nacional, que están relacionados con los Fines de nuestra Asociación en Coria.

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Por su interés documental insertamos algunos artículos publicados en la prensa nacional recientemente.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO

Dos niñas que jugaban-2010/07/04-El País [**]
Duelo por la República Española-2010/06/26-El País [**]
El Congreso veta a las víctimas del franquismo-23/06/2010-Público [**]
En el cementerio no está mi hijo, yo no sé si está vivo o muerto-2010/06/26-El País[**]
Juan Negrín: Un confesor que quiso ser justo-2010/07/04-Público [**]
La Fiscalía de Algeciras investiga el "robo" de niños en el franquismo-24/06/2010-El Correo de Andalucia[**]
La fiscalía investiga si el pleno de Ferrol delinquió al defender a Garzón-2010/07/17-El País[**]
La impunidad del Alzamiento-2010/07/18-Público [**]

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La impunidad del alzamiento

EMILIO SILVA BARRERA

En los últimos años han proliferado las publicaciones que justifican el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El ataque del general Franco al orden Constitucional, dicen, era necesario para detener el caos republicano. Y el precio del orden, decenas de miles de asesinatos cometidos por los generales sublevados. En un Estado que ilegaliza formaciones políticas que no condenan actos de violencia, quienes justifican el genocidio cometido por los franquistas son consentidos, incluso con la existencia de una fundación que tiene por objetivo principal el enaltecimiento de la figura del dictador.
Sin embargo, el propio general Franco contradijo esas teorías con la aprobación de una Ley de Amnistía que él mismo firmó, el 23 de septiembre de 1939. En ella declaraba amnistiables: “delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, cometidos desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional”.
De ese modo el generalísimo catalogó los tipos de agresiones ejercidas por quienes no aceptaron los cambios democráticos ocurridos con el advenimiento de la Segunda República. Haciendo un paralelismo revisionista podría decirse que la guerra comenzó el 14 de abril de 1931. Así lo explica el dictador que orquestó un terrible genocidio para erradicar la democracia y la cultura política que estaba generando la práctica de los derechos civiles. Lo que ocurrió el 18 de julio fue el inicio de una acción militar para alcanzar el objetivo que los fascistas no habían conseguido tras cinco años de violencia civil.
La lista de delitos que el general Franco amnistió en 1939 coincide con muchos de los que cometió: homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones. El franquismo nunca desactivó su violencia porque, como dijo el caudillo al inaugurar el Valle de los Caídos, “la antiespaña fue vencida y derrotada, pero no está muerta”.
Fallecido el dictador, quienes violaron derechos humanos dentro del régimen fascista quisieron obtener una amnistía que les blindara ante la justicia. Para ello dosificaron estratégicamente la liberación de presos políticos; esa sería su moneda de cambio. El goteo controlado de “suelta” de políticos contribuyó a crear la demanda de una Ley de Amnistía, cuando en una democracia bastaba con la decisión política de que salieran esos presos a la calle.
Desde opciones progresistas hay quien defiende esa amnistía como una conquista de las víctimas y acostumbran a utilizar la frase de Manuel Azaña: “Paz, piedad, perdón”. Precisamente, el partido político de Azaña, Izquierda Republicana, no fue legalizado hasta después de las elecciones de junio de 1977, para que no estuviera presente en el Parlamento que elaboró la Ley de Amnistía y la Constitución monárquica. Como él, ninguna formación política que en sus siglas llevara como seña de identidad el republicanismo pudo presentarse a esos comicios, según el Ministerio de Gobernación: “por ser contrarios a la forma de Estado”. ¿Qué forma de Estado si todavía no estaba aprobada la Constitución?
El trabajo de buena parte de las élites de distintas ideologías que pilotaron ese proceso de recuperación de las libertades fue esconder que la transición a la democracia había ocurrido antes del 18 de julio de 1936. Nuestra Transición fue la Segunda República y lo que ocurrió en los años setenta fue la recuperación de ese proceso democrático. Si durante la dictadura la versión oficial fue que los culpables fueron “los rojos”, el avance conquistado con la recuperación de las libertades fue que los dos habían cometido errores. Así se equiparaba a quienes atacaban al Gobierno legal y a quienes que lo defendían. Además, se abonó la impunidad con un sistema educativo que no ha enseñado a millones de ciudadanas y ciudadanos lo que fue la represión franquista.
Difrazada de “vamos a tratar a todos por igual”, la Ley de Amnistía selló la impunidad para los sublevados, como hizo Franco en 1939. ¿Alguien ha oído que en Nuremberg fueran amnistiados los aliados que liberaron a Europa del nazismo a pesar de que causaron miles de víctimas?
Pero, por si la ley no era suficiente, las élites franquistas obtuvieron la permanencia de un poder judicial adepto que hoy ha puesto contra las cuerdas al juez Garzón. Mientras tanto, miles de familiares de desaparecidos subsisten sin poder ejercer sus derechos fundamentales. Ocurre en un Estado cuyo representante en la Audiencia Nacional, el fiscal Javier Zaragoza, llamó crímenes comunes a los asesinatos de 113.000 hombres y mujeres, orquestados y cometidos principalmente en los tres meses posteriores al golpe del 18 de julio.
El problema de la impunidad no es sólo que agrede a las víctimas, niega el derecho y daña a la justicia. Se acaba convirtiendo en una cultura política que intoxica la vida pública. Lo que pudo parecer que allanaba el camino tras la muerte del dictador ha terminado siendo un enorme obstáculo para que mejore nuestra democracia.

Emilio Silva Barrera es Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

La fiscalía investiga si el pleno de Ferrol delinquió al defender a Garzón

Cándido Conde Pumpido remitió un escrito al Tribunal Superior de Xustiza

LORENA BUSTABAD - Ferrol
La moción que el pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó a propuesta de Izquierda Unida para solidarizarse con los trabajos del juez Garzón en defensa de la recuperación de la memoria histórica se ha convertido ya en materia judicial. El Tribunal Supremo ha instado a la Fiscalía General del Estado a que investigue el acuerdo plenario que aprobó el Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo, en apoyo de Garzón. La petición al ministerio público procede de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el 18 de mayo dictó una providencia firmada por cinco magistrados.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, atendió su petición y ya ha remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Galicia, a fin de "determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica de los hechos". Fuentes de la fiscalía confirmaron ayer que ese documento, fechado el 29 de junio en Madrid, ya se derivó a los juzgados de Ferrol, a los que compete iniciar las diligencias previas.
"Es una tormenta en un vaso de agua", le restó importancia ayer el alcalde socialista de Ferrol, Vicente Irisarri, muy sorprendido por el alcance de un simple acuerdo que adoptó su ayuntamiento "en el ejercicio de la autonomía local". La moción, presentada por Izquierda Unida, se debatió a finales de marzo en sesión ordinaria, en plena polémica sobre el futuro y las competencias del juez estrella de la Audiencia Nacional.
El acuerdo municipal denunciaba un campaña de desprestigio contra el juez orquestada desde "la derecha y extrema derecha" mediante "querellas criminales constantes" con el ánimo de "minar la independencia judicial". Se pedía, además, a los órganos judiciales que no amparasen "un pulso inaceptable a la democracia y a la Justicia".
La moción salió adelante con el apoyo de PSOE, IU y BNG, y la abstención del PP local. Debía remitirse al Consejo General del Poder Judicial. El 15 de abril, el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, del PSdeG, remitió el texto íntegro de la moción a nombre del magistrado Luciano Varela Castro. Su contenido disgustó al alto tribunal.
Un mes después, el 18 de mayo, la sala segunda del Tribunal Supremo, mediante una providencia, instó a la fiscalía para que revisase el acuerdo del pleno ferrolano "a los efectos que procedan".
Irisarri aseguró ayer que al Gobierno local "no se le ha notificado formalmente nada". El regidor volvió a mostrar su total desconcierto por el revuelo que ha levantado una moción "muy similar a la que se aprobó en otros municipios de España" en las mismas fechas. "El Ayuntamiento hace su trabajo", replicó a quien "pueda estar molesto por alguna frase".
Desde las filas de Izquierda Unida en Ferrol cargaron las tintas contra el poder judicial y calificaron como "muy grave" que se "utilice a la fiscalía para atacar un acuerdo político democrático".
La coordinadora de IU-EU en Galicia, Yolanda Díaz, pidió al Gobierno central, que ordene a la fiscalía que retire de inmediato de una causa "peligrosamente antidemocrática". "Serán cómplices y protagonistas de los que ocultan los crímenes del franquismo y la rampante corrupción de la trama Gürtel", añadió Díaz.
La moción, que presentó Izquierda Unida, se debatió en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo. Era un texto extenso y articulado en cinco puntos. Se votaron de uno en uno, y se aprobó con el respaldo unánime de PSOE, IU y BNG. Los siete ediles del Partido Popular se abstuvieron en la votación. Independientes por Ferrol sólo votó en contra de algunos puntos.

El texto aprobado a propuesta de IU

Lo que sigue es el contenido íntegro del acuerdo del pleno municipal de Ferrol que investiga ahora la fiscalía y que en su día se aprobó tras la propuesta de Izquierda Unida:

"El Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Concello de Ferrol la siguiente propuesta de acuerdos:
-Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.
-Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con soluta imparcialidad en el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón, mientras no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan.
-Exigir que las víctimas del franquismo que instaron el comienzo del procedimiento judicial abierto por los crímenes de la dictadura franquista puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo.
-Garantizar que los procedimientos por corrupción, investigados hasta el momento por el juez Garzón o por cualquier otro juez continúen y amplíen el ámbito de investigación al objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que haya lugar.
-Dar traslado de la siguiente propuesta de acuerdos a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial".

Juan Negrín: Un confesor que quiso ser justo

Tras más de medio siglo en un sótano de París, las cartas del último presidente del Gobierno de la República descubren a un hombre cercano al pueblo

ANDRÉS PÉREZ París
Durante décadas, sólo contadísimas personas supieron donde estaban los archivos de Juan Negrín, último presidente del Gobierno legítimo durante la Guerra Civil Española. Porque esos 200.000 documentos clave, como guardaban pruebas y nombres del funcionamiento de la República, interesaban a demasiada gente poco recomendable. Ahora, tras haber escapado a la Gestapo y a los secretas enviados por el franquismo en un discreto sótano de París, el archivo se apresta a volver a España, tanto en forma de papeles amarillentos, como en formato digital.
La Fundación Juan Negrín y la propia nieta del ex jefe de Gobierno, Carmen Negrín, han alcanzado un acuerdo por el que lo que hasta ahora era un "archivo privado español bajo derecho francés" pase a ser en breve un archivo nacional español, gestionado por la fundación, con sede en Canarias.
Hasta ahora nadie ha podido estudiar el archivo y nadie sabe todo lo que esconde. Uno de los aspectos más prometedores es la correspondencia privada que alberga, que pone de relieve la humanidad, el sentido de la justicia y la cercanía con los ciudadanos de un político al que los suyos le dieron la espalda y que salió por la puerta de atrás de la historia reciente de España.
Su nieta, Carmen Negrín, que recibió a Público en el piso parisino que fuera residencia en el exilio del ex jefe de Gobierno entre 1947 y su fallecimiento en 1956, insiste: "No soy historiadora, ni pretendo serlo", por lo que no evalúa documentos, pero recuerda varias cartas a las que ha echado un vistazo. "Hay toda una parte que es la correspondencia oficial entre ministerios, pero también sobre la vida cotidiana de la guerra. Cartas de niños, de madres, de soldados", dice. "He visto una de un niño, diciendo a Juan Negrín que sus padres han muerto. Otra de una madre, que busca a su hijo soldado desaparecido".
Y como las hay "con los momentos hermosos", también hay con "los momentos tristes": "Recuerdo ahora una carta de un hombre que denuncia a su vecino por extraperlo... Probablemente por vender en el mercado negro cuatro tristes papas",opina Carmen Negrín.
Se ve en las cartas que la gente le escribía como si fuera un confesor, con confianza, como dirigiéndose a Dios. Cuando escribía él, una de las cartas revela su preocupación por cómo iban a volver los brigadistas de 51 países. Es algo que puede contrarrestar la imagen que han intentado dar de un Negrín que era una bestia, intentando que muriera el mayor número de personas. La correspondencia sobre las condenas a muerte también aclara ese punto. "Hay varias cartas formulando con precisión la exigencia de garantías de que la persona condenada había tenido un juicio equitativo", afirma su nieta.

"Empaquetó los documentos in extremis", dice su nieta
Bastante tajante es la relación postal de Negrín con un rabino francés en 1939, cuando los judíos europeos sabían que estaban amenazados en Francia, y quizá todavía no en España. "El rabino escribió a mi abuelo para pedirle si allí podían cobijarse las familias. Mi abuelo tuvo que responderle que desgraciadamente no podría hacerlo, dada la subida del poderío de los franquistas. Es algo importante, porque arroja luz sobre toda la mitología que dice que Franco protegió a los judíos", remata Carmen Negrín.
Actualmente están siendo digitalizados los 200.000 documentos, que además de la correspondencia personal incluyen notas, decretos, circulares, manuscritos y listados que "nadie por el momento ha examinado la totalidad", explica Carmen Negrín.
Una copia de ese valioso fondo irá a los archivos nacionales españoles, otra a los conservados en Salamanca, y los originales irán a la futura sede de la Fundación Juan Negrín de Las Palmas. Esta ya dispone de locales, en un antiguo cuartel militar, brindados por el Cabildo insular, para un espacio de exposición permanente y salas de exposiciones temporales.

Novela de espionaje
El itinerario histórico del archivo Negrín, que incluye varios períodos de la Segunda República e importante documentación de la Guerra Civil, es en sí una auténtica novela de espionaje. Carmen Negrín vivió desde pequeña al lado de su abuelo exiliado: "Lo curioso cuando yo los descubrí fue ver que todos los papeles y los legajos estaban envueltos y empaquetados en papel de periódico. Y las fechas de esos periódicos son de los últimos días de la guerra, por lo que parece que mi abuelo los empaquetó in extremis", explica.
"Nadie sabe exactamente cómo cruzaron la frontera, aunque probablemente lo hicieran en camión junto a otras pertenencias gubernamentales, por la frontera catalana", añade. "Cuando uno ve todos esos documentos, que relatan la actividad de presidente del Consejo de ministros, se observa que todo estaba perfectamente organizado y ordenado. La República organizaba una retirada para regresar. Esto es muy importante, porque mi abuelo era un hombre muy organizado, y para él volver era una obligación evidente. Así que dejó perfectamente trazada la continuidad del Estado hasta en los últimos instantes", subraya.

Sostiene que su abuelo organizó "la continuidad del Estado"
Pero la República no pudo volver. Peor aún: aquello contra lo que la Guerra Civil estaba luchando, el totalitarismo fascista, se implantó en pleno corazón de París, en su versión hitleriana, sólo unos meses después de haberlo hecho en Madrid, en su versión franquista."Mi abuelo salió de Francia a lo último, en el último barco que zarpó de Burdeos", añade pensativa Carmen Negrín. Pero en aquel sobrecargado buque no había sitio para casi nadie. Tan poco sitio había que no pudieron embarcar al mismo tiempo Manuel Azaña y el propio Juan Negrín. "O sea que si no había sitio para Azaña y mi abuelo al mismo tiempo, tampoco lo había para 200.000 documentos", señala.
"¡En algún sitio debió de pasar los años de ocupación ese archivo! Pero nunca me lo contó". Es más que probable que los paquetes tuvieran que salir del sótano del piso parisino, porque todo el inmueble fue registrado por el ejército de ocupación nazi. También es seguro que con la Liberación los bultos allí volvieron, al discreto sótano, en 1947, donde han estado hasta 2009. Pero del período de la Ocupación, misterio total.

Una inesperada visita
El piso de la familia Negrín se convirtió en centro de interés para los secretas del régimen franquista. A primeros de los años cincuenta, aprovechando unas vacaciones de los Negrín en México, policías o militares españoles estudiaron a sus anchas todos los documentos disponibles en el piso. "Nunca supimos cómo entraron, pero sí que se quedaron bastante tiempo, porque encontramos muchísimas colillas en los ceniceros, además de los documentos hurgados", detalla la nieta.

Agentes franquistas registraron el piso que tenía en París en los cincuenta
Menos mal que los servicios de las sombras del franquismo nunca tuvieron buena formación. Y que, en sus cursillos de cultura general, mucho aprender de La Raza, pero a nadie se le ocurrió enseñarles las célebres caves: un sótano cerrado con llave y colocado lejos del piso, en medio de un dédalo de pasillos y que solo el propietario lo conoce.
Así, plácidamente atravesaron las décadas esos 200.000 documentos, hasta que el hispanista Gabriel Jackson empezó a subir, a sus 80 años, paquete tras paquete, buena parte de la documentación para estudiarla en el despacho de Negrín. Esperando también al historiador Angel Viñas. Y esperando a la digitalización que está en curso ahora a unos 150 kilómetros de la capital francesa.
¿Por qué ocultó la nieta la ubicación real del archivo hasta fechas tan recientes? Porque "no tenía demasiado claro a qué fundación y adónde los iba a destinar", explica a Público. Una segunda razón de ese secretismo: lo que olfateaban los secretas del franquismo también interesaba al hampa parisino de las colecciones, los documentos históricos y las obras de arte en el siglo XXI. Gente que sabe mucho de caves.

EL PAÍS SEMANAL
Domingo, 4 de julio de 2010

Dos niñas que jugaban

ALMUDENA GRANDES

Cuando descolgó el teléfono, no reconoció su voz, pero al escuchar su nombre volvió a verla, y se vio a sí misma, las dos tan pequeñas, tan menudas, dos niñas que jugaban en la calle.
–Como ahora eres tan famosa…
No quiso apreciar siquiera un indicio de ironía en este comentario, porque su interlocutora tenía razón. Para su alegría, pero por su desgracia, se ha vuelto famosa últimamente. Esa repentina condición ha infiltrado en su ánimo una sensación agridulce. Por un lado, le resulta muy triste ser famosa más allá de los setenta años por haberse quedado huérfana de padre y madre cuando tenía solo tres. Por otro, después de setenta años de luto oculto, la amargura de un duelo clandestino impuesto primero por las circunstancias, y después por la indiferencia de sus compatriotas, es un alivio que su nombre, su historia, se comenten en los periódicos, en las tertulias de radio, en las conversaciones de las barras de los bares.
Me llamo Balbina Gutiérrez Gayo. Soy republicana, maestra, directora de una escuela. Tengo tres hijas muy pequeñas… Una actriz espléndida narra espléndidamente la historia de su madre, y la de su padre, ambos maestros, fusilados ambos con un día de diferencia en los primeros días de la posguerra, en uno de esos vídeos que han hecho tanto ruido. Esa historia, que ha marcado su vida con la huella de una tragedia indeleble, la ha hecho famosa. Qué horror, y qué alegría. Habría dado cualquier cosa por haber sido una niña normal, con su papá y su mamá, cuando jugaba en la calle con aquella vecina que ha llamado por teléfono, y sin embargo, tantos años después, que la crónica del terror se haga pública la reconforta. Pero ella es mucho más que una huérfana, una mujer muy inteligente, muy culta. Maestra como sus padres, directora de una escuela como su madre, jubilada ya, pero curiosa, atenta a cuanto sucede a su alrededor, modera sus esperanzas. Nada de lo que está sucediendo la sorprende. Ni lo bueno, ni lo malo. Conoce bien la función de los prefijos. Es maestra.
Los que siguen negándose a condenar el golpe de Estado que desató la Guerra Civil recurren a la equidistancia –todos eran iguales– para intentar repartir entre los dos bandos una responsabilidad que, en 1936, en 2010 y en cualquier otro momento del tiempo venidero, correspondió, corresponde y corresponderá exclusivamente a los generales que se sublevaron contra la legalidad. Esa es la función del prefijo de origen griego equi, que significa igual. Pero la etimología, la semántica, y hasta el sentido común se estrellan contra determinadas realidades españolas. Así, los partidarios de la equidistancia no solo no son partidarios de la equidad, sino que reaccionan ante ese término, tan esencialmente vinculado a la palabra que enarbolan como bandera, con una virulencia tal que se diría que les ofende. Responsabilidades y culpas para todos, sí. ¿Los mismos derechos para todos, entonces? ¡Ah! Eso ya no. De eso, ni hablar.
Equidistancia no significa para ellos lo mismo que equidad. Y su reacción frente a una campaña que no es política, que no es ideológica, que es una simple cuestión de derechos humanos que afecta a más de cien mil familias, lo demuestra. Su respuesta, activada por el mismo incomprensible mecanismo que les lleva a oponerse a la ley del aborto, como si estableciera el aborto obligatorio, o a los matrimonios homosexuales, como si fuera a obligarles a casarse por la fuerza con alguien de su mismo género, es, sin embargo, más despiadada que nunca. ¿Tienen ellos algún abuelo en una fosa común? No. ¿Les afecta en algo la reclamación de personas como ella, que solo aspira a recuperar los restos de sus padres para enterrarlos con dignidad? Tampoco. ¿Les impidió alguien a ellos ejercer ese derecho cuando estaban en la misma situación? Todo lo contrario. Y sin embargo, no solo se oponen. También insultan, ofenden, ridiculizan, escarnian a personas como ella. ¿Por qué? ¿Carecen de sensibilidad, de imaginación para comprender el infierno por el que se ha arrastrado durante décadas la vida de tanta gente, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, las personas con las que se cruzan por la calle? Que no saben perdonar, les dicen, que no saben olvidar. ¿Es que alguien puede olvidar a sus padres? Para muchos españoles, el perdón y el olvido significan ostentar el monopolio exclusivo de los derechos que les niegan a los demás.
Lleva muchos días, después de demasiados años, dándole vueltas a todo esto. Y lo último que esperaba es que aquella vieja amiga de la infancia le dé una respuesta. Pero así es. Después de contarse sus vidas, sus achaques, lo que han hecho desde que no se ven, se hace el silencio.
–Hay que ver –y es su antigua compañera de juegos quien lo rompe–, qué buena era mi madre, ¿verdad? Mira que dejarme jugar contigo…
(Hilda Farfante Gayo me contó hace muy poco esta conversación. Aunque parezca increíble, ella y yo sabemos que es verdad).

Duelo por la República Española

Las matanzas en el bando antifranquista durante la Guerra Civil no fueron de los republicanos, sino de los partidarios de una revolución social que, de haber triunfado, también hubiera supuesto el fin de la República

SANTOS JULIÁ
En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la "lógica de la historia".
Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.
De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa "puñetera verdad" a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.
De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.
Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.
Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.
Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.
Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

EL PAÍS
Viernes, 25 de junio de 2010

"En el cementerio no está mi hijo; ya no sé si está vivo o muerto”

Las familias de los bebés 'perdidos' en Cádiz se organizan para aclarar el caso

FERNANDO J. PÉREZ - La Línea de la Concepción
Sentada en el salón de su casa de Ronda (Málaga), María Mariscal, de 69 años bastante baqueteados, rememora el 26 de diciembre de 1967, día en que nació y murió su primer hijo, al que no pudo ni poner nombre: "Fue en el que llaman hospital de La Banqueta, oficialmente creo que se llamaba Fernández Cuesta. Me anestesiaron en la sala de parto. Una hora después de ingresar, una comadrona le dijo a mi marido que habíamos tenido un niño hermoso, de 5 kilos y 750 gramos. Mi marido esperó tres horas más, cuando volvió a salir la comadrona con cara de pena. Él pensó que me había pasado a mí algo por la anestesia; pero no, era mi hijo: le dijeron que se había muerto".
Cuando despertó de la anestesia y su esposo, agricultor de profesión, le contó la mala noticia, María afirma que se volvió loca: "Les pedí que me enseñaran el cuerpo, pero el médico me dijo que para qué, que no estaba en condiciones y que era mejor que no guardara una imagen así de mi hijo". María y su familia no recibieron ningún certificado de defunción y nunca supieron que se hizo con el supuesto cadáver. Solo saben que el enterramiento no está registrado en el cementerio de San José de La Línea de la Concepción (Cádiz). Tampoco tiene ningún documento del ingreso en el centro sanitario para el parto.
"Nadie nos dijo qué se iba a hacer con el cuerpo. Para mí, mi hijo cumple 43 años esta Navidad", asegura María. Esta mujer cree posible tanto que el niño no hubiera muerto y hubiera sido vendido o dado en adopción ilegal, como que efectivamente falleciera y sus restos no se encuentren por un macabro error del registro.
El fiscal jefe de Algeciras ha abierto una investigación para esclarecer una docena de hechos similares relatados por otras tantas familias que tuvieron hijos en los años sesenta en los hospitales de La Línea. Es el caso de Carmen R. L, que actualmente vive en Tenerife. El 14 de noviembre de 1968 dio a luz a un niño en la Clínica de la Inmaculada. "No lo oí llorar y me dijeron que estaba muerto. Unas personas que había allí nos dijeron a mi marido y a mí que no nos preocupáramos, que ellos se encargarían de todo".
En mayo pasado, tras ver un reportaje en televisión con casos de bebés perdidos, y aprovechando un viaje a la península, Carmen acudió al cementerio de La Línea, en el que no se había atrevido a poner los pies en 42 años. "Yo estaba segura de que mi hijo, al que pusimos Jesús, estaba allí enterrado. Cuando el señor que me atendió buscó en los libros de enterramientos, me dijo que en esos meses no había ningún niño con ese nombre ni con el nombre ni los apellidos de los padres. Fue una sensación horrorosa, se me quedó el cuerpo cortado. Ya no sé si está ahí o si está vivo o muerto".
Otra mujer de La Línea que vive con la misma duda y que no quiere dar su nombre, tuvo a su hija el 2 de septiembre de 1970 en el Hospital Municipal. Aunque está "convencida al 90%" de que la criatura falleció al nacer, alberga dudas razonables.
"Durante años le pregunté a mi marido dónde había enterrado a la niña; él, creo que para protegerme, me decía siempre que no se acordaba". Esta mujer, de una familia linense de toda la vida, decidió acudir al cementerio por su cuenta. "Descubrí que ni los datos de la niña ni los míos ni los de su padre constan en los registros de San José". También solicitó en el archivo municipal los expedientes médicos del centro sanitario. Recibió una carta de un archivero en el que decía que "entre el 20 de septiembre de 1970 y el 20 de julio de 1971 hay un salto" en los ficheros del Hospital Municipal, y que las pesquisas en el centro sanitario habían sido "infructuosas".
"Llevo 39 años preguntándome dónde está mi hija, porque en el cementerio me dicen que cualquier resto que entra se documenta perfectamente", afirma esta mujer. La única pista clara que ha conseguido es una declaración ante el Registro Civil de "alumbramiento de criaturas abortivas". En este documento, de cumplimentación obligatoria cuando un niño nace muerto, se especifica que su parto fue atendido por el ginecólogo Abelardo García Balaguer, uno de los más conocidos de la ciudad
Un enterrador del cementerio de San José, que tiene libros de registro desde 1913, afirma que durante los años sesenta los fallos a la hora de inscribir las defunciones o los cambios de ubicación de los restos eran relativamente frecuentes. "En los archivos a veces se ponía la palabra feto y no se inscribían más datos", asegura el sepulturero, al tiempo que afirma que en casi todos los casos, los restos de los recién nacidos se descomponen absolutamente en el plazo mínimo de cinco años que deben estar enterrados. "Los huesos apenas están calcificados y en el 99% de casos, cuando abrimos los ataúdes no queda ni polvo".

La Fiscalía de Algeciras investiga el 'robo' de niños en el franquismo

L.B.
El ministerio público abre por primera vez diligencias ante una denuncia en La Línea de la Concepción (Cádiz) por supuestas muertes no documentadas de bebés nacidos en el antiguo hospital municipal.
La historia comienza en 1967. En el antiguo hospital municipal de La Línea (Cádiz) dan a luz cientos de mujeres pero algunos niños nacen muertos. O al menos, eso les dicen a sus madres. Cuarenta años después, sus familias son incapaces de encontrar certificado de defunción ni tumba alguna. Algunas han acudido al ministerio público para que investigue sus desapariciones y el fiscal de Algeciras, Jesús Cisneros, por primera vez ha abierto diligencias para hacerlo.
La Fiscalía subraya que sólo se han incoado diligencias de investigación tras la petición concreta de Cristina y Flor Díaz Carrasco para que se investigue la supuesta muerte de su hermano Jesús. Sólo la abuela del pequeño vio el cadáver y siempre sostuvo que era de un niño mayor. Durante años, la familia visitó una tumba en el cementerio donde supuestamente reposaban los restos del padre y el bebé. Pero al pedir los libros del registro del cementerio, no constaba el entierro del niño y en el archivo del hospital tampoco había rastro del certificado de defunción.
En la Fiscalía de Algeciras "de momento se ha abierto un trámite" con el fin de conocer "más detalles de lo ocurrido y esclarecer los hechos". A raíz de este caso han salido a la luz hasta ocho en la provincia de Cádiz, aunque según la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, sólo existe un escrito de denuncia. Ambos fiscales recopilan información sobre otros para "ver qué ha pasado" pero Ayuso habla de "casos aislados" y descarta la existencia de "una organización detrás". Recuerdan que los posibles delitos penales o civiles "habrían prescrito" y aluden, en todo caso, a "falsedad documental".
El profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha Miguel Ángel Rodríguez -autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo. Un crimen contra la humanidad- no opina lo mismo. Considera que la desaparición cifrada por asociaciones de memoria histórica de 30.000 niños -citando jurisprudencia del juicio de Nuremberg contra el nazismo y procesos referidos a la dictadura argentina- debe ser calificada como "crímenes contra la humanidad" y éstos son delitos "de investigación permanente e inamnistiables".
Su estudio jurídico es citado en el auto de Baltasar Garzón en el que se inhibe de la causa y la deriva a los órganos territoriales al declararse incompetente la Audiencia Nacional.
Este jurista destaca aunque "con prudencia" el "avance" que supone que "por primera vez" una Fiscalía "al menos vaya a investigarlo", frente al archivo o el rechazo a hacerlo generalizado. Junto a los casos de La Línea han saltado a la luz otros en la clínica O'Donnell de Madrid, Auxilio Social o instituciones religiosas.
Rodríguez recuerda que en marzo de 2006 el Consejo de Europa emitió una condena expresa contra el caso de los niños desaparecidos en el franquismo e instó al Gobierno español a investigarlo pero "la ley de Memoria Histórica, aprobada un año y medio después, ni siquiera lo menciona".

El Congreso veta a las víctimas del franquismo

PP y PSOE impiden a IU reproducir vídeos de desaparecidos

DIEGO BARCALA Madrid
Las víctimas del franquismo no tienen hueco en la cámara de representación popular. La Mesa del Congreso de los Diputados —nueve parlamentarios que organizan las actividades del hemiciclo— denegó hoy "por unanimidad" el permiso al diputado de IU Gaspar Llamazares para reproducir en una sala del recinto los vídeos de la Plataforma Contra la Impunidad en los que varios artistas dan voz a los represaliados de la dictadura.
"Sin duda hay detrás de esta decisión un prejuicio político que se está cebando con todas las iniciativas que tienen que ver con la memoria", lamentó Llamazares. Fuentes parlamentarias de los partidos con representación en la Mesa (PP, PSOE, CiU y PNV) aseguraron que la decisión "ni siquiera fue votada" porque ya se habían impedido anteriormente similares propuestas. Las mismas fuentes añadieron que las mayorías del PP (cuatro diputados) y PSOE (tres) impidieron la autorización.
Almudena Grandes presenta la historia de un fusilado: "Mi familia me sigue buscando, ¿Hasta cuando?"
El precedente de un acto similar más polémico tuvo como protagonista precisamente al diputado que preside la Mesa, José Bono, que en un homenaje a los represaliados de la dictadura el 15 de junio de 2008 censuró a un veterano republicano por mostrar la bandera tricolor. "Condeno esta manifestación espontánea que quita valor a los que pasaron parte de su vida en la cárcel", espetó el dirigente manchego después de presentar el acto "en la casa de todos".
Los precedentes aludidos por los diputados fueron la prohibición al director de cine José Luis Cuerda de reproducir Los girasoles ciegos y otro evento que pretendía mostrar unos cortometrajes de la vida de Manuel Fraga y Santiago Carrillo. Sin embargo, la plataforma que impulsó los vídeos contra la impunidad del franquismo recordó que el 1 de abril de 2009 se emitió el documental Imágenes contra el olvido con motivo del 70 aniversario del final de la Guerra Civil.
"La Cámara no se puede convertir en un Palacio de Congresos", aseguró a Europa Press un miembro de la Mesa del Congreso. "Es indignante que se compare a las víctimas de delitos tan graves como los cometidos por el franquismo con una película comercial o una feria de muestras", denunció el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

Las pruebas de los crímenes de Franco

Técnicos del Archivo General Militar trabajan para facilitar el acceso a los expedientes militares de miles de víctimas de la dictadura

IÑIGO ADURIZ MADRID

El Ejército de la democracia está intentando reconstruir la crónica del horror que provocó durante el franquismo. La memoria histórica salpica de lleno a unas Fuerzas Armadas que durante cuarenta años de dictadura promovieron ejecuciones de cientos de miles de españoles que actuaron o se manifestaron en contra del régimen franquista.
Pero los militares de Franco dejaron un exhaustivo legado de pruebas de sus ejecuciones y juicios sumarísimos en las sentencias, resoluciones, actas y testimonios de todos esos procesos judiciales, que se han mantenido almacenados durante años en los archivos históricos militares.
Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.

Las estanterías con millones de documentos dispuestas en línea recta sumarían 25 kilómetros
"Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada", destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos " han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata", apunta Agustín Sánchez, responsable de referencias del depósito, en respuesta a las mencionadas críticas.
En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que "no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes", explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco, aquellos que provocaron la muerte a cientos de miles de españoles a los que se dio por desaparecidos, y que fueron tirados a las cunetas o enterrados en fosas comunes. Estas personas siguen sin tener hueco siquiera en los archivos militares de la memoria.

Mal estado de los papeles
Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado. Y es que la humedad y los hongos han provocado que muchos de los papeles que documentan la contundente represión de la dictadura hayan quedado prácticamente ilegibles.

El objetivo final es la digitalización de los papeles y su inclusión en una base de datos
"El trabajo de los restauradores resulta imprescindible para poder ir actualizando el archivo", señala Pacheco. "Pero es muy lento, porque hay que ir página por página", agrega. Respecto a la conservación, existen diferencias dependiendo de las zonas de donde vengan los documentos, según explican los especialistas del depósito. El de Madrid recoge los expedientes de la antigua Primera Región Militar, la que comprendía todas las zonas centrales de España, incluyendo lo que hoy delimitan las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia y parte de las dos Castillas.
"Los valencianos son los que llegaron en peor estado", reconoce Ana Isabel Cerrado, responsable del área de descripción del depósito. Esos papeles, que fueron trasladados desde la Comunitat Valenciana, sufrieron el efecto de varias riadas en los años cincuenta y, desde entonces, no han sido tratados por los militares de la zona. "El papel tampoco era de los mejores", destaca, asimismo, la propia Cerrado.
Como ejemplo, la encargada de documentar las distintas referencias militares cita el complejo y grueso cuadernillo que constituye el expediente correspondiente al escritor Miguel Hernández. La del poeta es una compleja recopilación de actas, registros, resoluciones y testimonios impresos o redactados en distintos papeles de diferentes tamaños.
Por todas esas dificultades, los técnicos del archivo más importante de la dictadura por el número de documentos que almacena consideran que "hay mucho por hacer". Uno de los principales objetivos de sus responsables, a corto plazo, es la consolidación de una base de datos con los nombres de todas las personas cuyos expedientes están archivados en el depósito madrileño. "De momento, hemos conseguido almacenar 250.000", resalta Rogelio Pacheco. Para localizar el resto de nombres, los técnicos deben realizar una búsqueda manual en los cientos de archivadores que ocupan una de las salas del edificio.

La consulta de los históricos documentos es gratuita
El objetivo final es la digitalización de todos y cada uno de los documentos, otra ardua labor teniendo en cuenta que, dada la antigüedad y la calidad de los papeles, los escaneos deben realizarse uno por uno. Los 10.000 expedientes correspondientes a la provincia de Castellón ya han sido incluidos en la base de datos y las 750.000 referencias documentales que los componían también han pasado un proceso de digitalización.
Es un minúsculo paso en el camino hacia la modernización de los archivos militares. La información referida a los represaliados castellonenses que ya ha sido almacenada ocupa sólo una de las frondosas estanterías del archivo madrileño. Pero, según apunta el director técnico del depósito, "hay cientos de estanterías que, puestas unas detrás de otras, sumarían unos 25 kilómetros". En una de las salas, de unos mil metros cuadrados, tan sólo se recoge el 20% del total de documentos del depósito, tal y como afirmaron los responsables del archivo.
A falta de una orden específica de Defensa, la consulta de los históricos documentos es gratuita. Los datos de Castellón ya pueden reproducirse a través de un ordenador. Y, para hacerse con copias del resto, se permite a los investigadores hacer fotografías o, en los mejores casos, realizar fotocopias. "Todo depende del estado de conservación de los escritos", insiste Pacheco.
Los técnicos esperan que este año puedan volver a digitalizar otros 10.000 expedientes. Pero son sólo cuatro las personas que almacenan la información, la digitalizan y se encargan de facilitársela a quien la solicite. "Si fuéramos más, todo sería más fácil", reconocen.