Artículos aparecidos en la prensa nacional, que están relacionados con los Fines de nuestra Asociación en Coria.

Tenemos a disposición de todos nuestros visitantes una base de datos con artículos publicados los años 2007 y 2008. Solicite cualquier artículo de los reseñados a través de nuestro correo y nosotros se lo enviamos en formato PDF.

Por su interés documental insertamos algunos artículos publicados en la prensa nacional recientemente.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO

¿Por qué mataron a García Lorca?-2009/06/23-El Correo [**]
Ametrallan un monumento por la memoria histórica en un pueblo de Cáceres -2009/01/26-Rebelión [**]
Belloch compara al fundador del Opus con Luis Buñuel-2009/02/19-Público [**]
Dos asociaciones de Navarra presentan una denuncia por ataques contra la memoria histórica-2009/08/28-Soitu.es [**]
El funcionario se llevaba el coche repleto de legajos del Archivo Militar-2009/02/10-El Correo de Andalucía[**]
El PP le quita una calle a un alcalde republicano asesinado-2009/04/29-Público [**]
Franco inventó la memoria histórica-2009/03/01-El País [**]
Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo-2009/01/08-Público [**]
La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo-2010/03/09-El País [**]
La 'fábrica' de bebés-2009/02/22-El País [**]
La Iglesia pasa de la Ley de Memoria y honra a Franco-2009/11/21-ccvf [**]
La impunidad de la dictadura-2009/01/19-Público[**]
Las fosas del franquismo llegan a Estrasburgo-2009/06/19-Público [**]
Las víctimas piden pruebas de ADN para buscar añinos robados del franquismo-2009/01/09-Público [**]
La Transición no fue modélica-2009/04/09-Público[**]
Las sentencias de la represión-2009/08/18-Público [**]
Los muertos han aprendido a esperar-2009/03/21-El Pais ]**]
Memoria Histórica sin presupuesto-2009/03/12-Siglo XXI [**]
No fueron esos dos dictadores unos asesinos, monseñor Martínez Camino-2009/11/28-El País-La Comunidad [**]
No me los toquéis II-2009/09/13-Público [**]
Otra manera de hacer memoria en el callejero-2009/02/19-Público [**]
Pena negra-2009/09/13-Público [**]
Que no paren hasta encontrar a Lorca-2009/12/19-Público [**]
Se estrecha el cerco sobre los responsables de robos de niños en el Franquismo [**]
Valle de los Caídos 2009. Siguel la ignominia [**]

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"La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo”

PERE RÍOS - Barcelona
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003, cuando el PP forzó su relevo, participa activamente en el movimiento ciudadano de apoyo a Baltasar Garzón. El sábado viajó a Jaén para tomar parte en un acto de respaldo al juez.
Pregunta. ¿Cree que existe una cacería contra el juez Garzón, como se ha dicho en algunos sectores?
Respuesta. Las intenciones me son indiferentes. Yo me atengo a los hechos objetivos de las resoluciones judiciales y de los escritos de las partes. Y de ellos se desprende que hay un acoso organizado y sistemático contra el juez, sobre todo si se estudia cómo se han producido las querellas, perfectamente calculadas y estudiadas. Me preocupa porque supone la persecución de un juez que es un ejemplo.

P. ¿Qué le parece que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel?
R. Me parece un atropello desde el punto de vista del derecho procesal. No es posible que una persona que está siendo perseguida por la justicia penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda constituir como parte para perseguir al juez que acordó las intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios contra él. ¿Por qué ha sido ofendido este señor para que se le permita acusar? Es él quien está siendo investigado.

P. Pese a ello, ha logrado que se admita una querella contra Garzón.
R. La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente.

P. ¿Cree que la ciudadanía entiende que se admitan las querellas contra el juez por actuaciones tan diversas como el caso de las fosas, la trama Gürtel y los cursos subvencionados por el Banco de Santander?
R. Lo que ha acordado el Supremo no se puede sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. No es admisible y socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos. Eso significa para el Estado de derecho una inmensa derrota jurídica y moral.

P. Lo ha acordado el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial español.
R. El Tribunal Supremo no está libre del error, que nadie crea que son más inmunes. Son tres querellas admitidas y tres errores que demuestran el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos ha sido menospreciada la postura de la fiscalía y las decisiones del Supremo se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque están aflorando las sombras del pasado.

P. ¿Es delictivo participar en unos cursos subvencionados por un banco y que luego se archive una causa contra directivos de ese banco?
R. Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más. ¿Por qué no se preguntan los jueces y fiscales cómo encaja esto en el ejercicio libre e independiente de su función si cualquiera de ellos ha tenido algún asunto con las entidades que les han subvencionado tan generosamente?

Que no paren hasta encontrar a Lorca

ISAAC ROSA

“Con el dinero sobrante de la subvención se financiará una instalación en el parque dedicada al arte y la vanguardia” -Begoña Álvarez, consejera andaluza de Justicia-

¿Lorca no está donde siempre creímos, en la fosa de Alfacar? No pasa nada, no nos desanimemos. En algún sitio estará enterrado, si no es allí, estará bajo otra tierra. Así que venga, a seguir buscando.
Pueden empezar por las fosas más cercanas, en la misma provincia de Granada. Hay decenas identificadas, con cientos de asesinados, así que lo más fácil es abrirlas una a una y ver quiénes están dentro, por si está el poeta. Y si después de exhumarlas resulta que tampoco está, pueden seguir con las más de seiscientas fosas que hay en toda Andalucía, y que hasta ahora han dependido del esfuerzo y tenacidad de familiares y asociaciones.
¿Que recuperan hasta el último cadáver de Andalucía y nada de nada? Pues ya puestos, sigan con las fosas del resto de España. Hay cientos donde buscar, muchas de ellas ya localizadas, así que paciencia y a excavar. Y cuando acaben, todavía tendrán el Valle de los Caídos, donde muchos republicanos fueron trasladados para hacer bulto, y quién sabe si uno de ellos no es Federico. ¿O vamos a renunciar a recuperar sus restos por un único intento fallido?
Vale, me han pillado. Mi propuesta tiene truco, se nota demasiado. Pero no se lo cuenten a las autoridades, y si cuela, cuela. A ver si con la excusa de Lorca, para el que no escatiman medios, conseguimos el mismo trato y atención para los demás fusilados. Quizás tampoco encontremos al poeta, pero miles de familiares, que no piden carpas ni cláusulas de confidencialidad, podrán dar digno entierro a los suyos, y este país dejará de ser la vergüenza que es con tanto ciudadano en la cuneta. Como me decía ayer Cecilio Gordillo, esperemos que tras el espectáculo llegue la cordura. Del todo.

EL PAÍS -LA COMUNIDAD-
28/11/2009

A Pinochet el Papa Juan Pablo II le dio la comunión y a Franco los obispos lo paseaban bajo palio, como si ambos fueran santos.

Enric Sopena.

¿No fueron esos dos dictadores unos asesinos, monseñor Martínez Camino?

El obispo auxiliar de Madrid, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha recordado que la doctrina de la Iglesia católica establece que las personas “en pecado público” -como los políticos que apoyan el aborto- no deben comulgar, aunque señaló que no se trata de una “excomunión”. Los políticos que voten favorablemente la nueva ley del aborto, según subrayó Martínez Camino, “están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión”. Precisó el obispo citado -que es un protegido del cardenal Rouco Varela- que para volver a recibir la comunión, los políticos avaladores de la nueva legislación abortista, tendrían que reparar el “mal hecho” y arrepentirse públicamente”.

De hecho esta norma está siendo aplicada por el episcopado norteamericano al senador Patrick Kennedy -católico y partidario de la legalización del aborto-, hijo del recientemente fallecido Edward Kennedy y sobrino del asesinado John F. Kennedy, el primer presidente católico de EEUU, y sobrino de Robert Kennedy, también asesinado. A este Kennedy lo expulsan de la comunión, pero a los curas pederastas, que son legión en Norteamérica, los esconden o les procuran auxiliar, aunque sus gravísimos delitos arruinen a la Iglesia católica y, sobre todo, hayan quebrado vilmente a miles y miles de niños y niñas y, por supuesto, de familias.

Te recuerdo Amanda
Por cierto, monseñor, ¿podría Su Eminencia decirnos si cuando, en octubre de 1988, Su Santidad el Papa Juan Pablo II depositó en la boca del general Augusto Pinochet la hostia consagrada, tan sangriento dictador estaba o no en situación de “pecado público”? ¿Había al menos reparado el inmenso daño que produjo su golpe de Estado? ¿Se había arrepentido ese asesino uniformado de las miles y miles de muertes provocadas a sangre y fuego por su golpe militar? ¿Sabe usted, monseñor Martínez Camino, que justamente el 5 de diciembre de este año por fin le serán rendidos los honores fúnebres debidos a Víctor Jara, que “en cinco minutos quedó destrozado,” como el mismo vaticinaba en su bellísimo poema Te recuerdo Amanda, emocionante y repleto de humanismo?”

El católico José Bono
José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, socialista y fervoroso católico, evocó ayer, muy oportunamente, aquella misa en la que comulgó Pinochet de la mano del Sumo Pontífice. Bono ha defendido la ley que regulará el aborto justificándola como un mal menor –lo que es discutible, pero desde su conciencia cristiana, respetable- y estos días se ha esforzado en argumentar con solidez sus puntos de vista como ciudadano, como político y como un católico que nunca ha ocultado sus creencias. Ha sido especialmente oportuna su referencia a aquella comunión que a muchas, a muchísimas personas, nos pareció una descarnada blasfemia.

Las bodas de oro
Es más. El 18 de febrero de 1993, Juan Pablo II envió un telegrama a Pinochet, felicitándole a él y a su mujer por las bodas de oro matrimoniales. El nuncio del Vaticano en Chile, Ángel Sodano, le añadió por escrito lo siguiente: “Su Santidad conserva el conmovido recuerdo de su encuentro (…) con ocasión de su extraordinaria visita pastoral a Chile”. En los Gobiernos de Pinochet los ministros fueron católicos y algunos, como en la dictadura de Franco, miembros del Opus Dei.

¿El capelo cardenalicio?
Asimismo fue del todo blasfema la actitud, abrumadoramente mayoritaria, de la jerarquía eclesiástica española, convirtiendo -durante casi cuarenta años- a otro dictador cruel, Francisco Franco, en “Caudillo de España por la gracia de Dios”. Comulgaba el tirano como un beato o un santurrón. Los monseñores lo paseaban en las procesiones bajo palio, igual que si fuera el nuevo hijo de Dios en la tierra. E incluso un grupo de influyentes católicos estuvo a punto de que la Santa Sede le hubiera otorgado al dictador el capelo cardenalicio.

Las Cruzadas
Callaron los jerarcas eclesiásticos y no condenaron al Gobierno Aznar que, pudiendo haber liquidado en su segunda legislatura la despenalización del aborto, mantuvo esa ley para no crearse problemas y porque les hubiera perjudicado en las urnas. Ahora, sin embargo, sí condenan a Rodríguez Zapatero y a políticos de otros partidos que no son sólo del PSOE y les amenazan primero con la excomunión y después con retirarles a los que se confiesan católicos el sacramento de la comunión. Pero a asesinos como Pinochet y Franco [hay muchos más ejemplos, desde los tiempos de las Cruzadas y en siglos anteriores a aquellas maquinarias de guerra bendecidas por los Papas], la cúpula católica les absolvió y les trató con exquisita delicadeza y casi como santos venerables y, en vida, venerados.

El baluarte del cristianismo
Narrado por Paul Preston en uno de sus libros sobre Franco: “El 18 de noviembre de 1936, un Franco visiblemente emocionado aparecía en Salamanca ante las multitudes que aclamaban febrilmente a Hitler y a Mussolini. Les dijo que la Alemania nazi y la Italia fascista eran el baluarte de la cultura, la civilización y el cristianismo en Europa”. Por lo visto, Franco tenía razón. ¿O no monseñor Martínez Camino?

Enric Sopena es director de El Plural.

Federación Estatal de Foros por la Memoria, - 20 Noviembre 2009

20 de noviembre de 2009. Han pasado más de 34 años desde que un dictador y genocida recibiera sepultura en el gigantesco mausoleo que construyese en vida. El Valle de los Caídos se mantiene prácticamente intacto en su concepción inicial, tanto en los aspectos materiales de la obra física construida en la Sierra del Guadarrama como en la aberrante idea que se esconde tras las toneladas de piedra y la gran cruz que preside el conjunto.

De todos los grandes monumentos construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX, solamente el Valle sobrevive. La Cancillería del Reich en Berlín o la gran cruz gamada del estadio de Nuremberg fueron destruidas y luego reutilizados sus restos en monumentos erigidos para recordar a sus víctimas o celebrar su derrota. En España, no. En España no sólo el pasado fue diferente, sino que también lo es el presente: El Valle de los Caídos, un recordatorio gigantesco del fascismo en su variente nacional-católica española, no es cuestionado en lo esencial. El diseño inicial sobrevive: no se ha pensado en desmantelar las estructuras del monumento, se respetan los sepulcros de los líderes, los frescos que les glorifican, la orden sacerdotal consagrada al respeto de su memoria sigue en su sitio, como siguen los miles y miles de cuerpos de los muertos en batallas y paredones que llenan las criptas del valle.

Una gran cruz corona la basílica subterránea donde yacen los despojos del guerrero rodeados de los cráneos de sus soldados y de sus enemigos, y en la que grandes frescos que glorifican la masacre que llevó a un asesino a la consideración autoproclamada de elegido por los dioses.

Las representaciones pictóricas del interior, muestran un Franco esbelto, con la mirada trascendente, de ojos decididos, grave conocedor de la difícil tarea que representa aniquilar los cuerpos y las almas de sus enemigos, dispuesto como Sigfrido a bañarse en la sangre del Rojo Dragón vertida por su espada y por su mano, para lograr así la inmortalidad. En ese cometido vengador, la Cruz mantiene una gran importancia simbólica. Si el Valle de los Caídos tuviera un cubo, una esfera o cualquier otro cuerpo espacial en su cima, la forma de abordar el problema de su permanencia sería bastante distinto. Pero la Cruz es interpretada por razones culturales de acuerdo con la interpretación cristiana. Craso error. La Cruz del Valle de los Caídos, esa cruz gigantesca, colosal en el sentido literal de la palabra, que impone su presencia hasta el horizonte, tiene poco de símbolo de perdón y salvación; la cruz es también una representación de la muerte infame y dolorosa que aguarda a los que se rebelen contra el poder.

La cruz durante siglos fue un instrumento de tortura y muerte, y el uso en el Valle encierra de una forma sibilina esa doble lectura: una interpretación religiosa, pero también un aviso a navegantes. Quienes se opongan, serán crucificados, quienes osaron resistirse lo fueron y ahora sus despojos rodean para general aviso los sepulcros de los vencedores.
En suma, el Valle de los Caídos es un horror que persiste de forma inconcebible en el corazón mismo de un país, España, que se complace en autoconsiderarse como democrático, pero cuyas instituciones son incapaces de hacer frente con eficacia a este legado indeseable.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria está decidida a buscar una solución justa al problema del Valle de los Caídos.

• La basílica debe ser desacralizada, esto es, no debe consentirse ni por un día más que se emplee la religión para legitimar un lugar infame como ese, construido para darle un sentido y una legitimidad al golpe, la guerra y la dictadura.

• La orden religiosa custodia del Valle debe ser disuelta o trasladada a otro lugar, los despojos de Franco y Primo de Ribera debe ser devueltos a sus familias.

• El número y origen de los miles allí sepultados deben ser cuantificados e investigados: son la prueba de un crimen de masas, la guerra, pero también del asesinato, la cárcel y la deportación que supuso la dictadura. No se trata de un problema de ubicación de huesos, se trata de hacer saber cómo se construyó aquel osario y cuál su origen.

• La gran cruz debe ser desmantelada, por completo o en parte, pero de ninguna forma debe consentirse que se siga alzando hacia el cielo ese símbolo de muerte y venganza, pues lejos de representar un mensaje cristiano, la ambigüedad del conjunto impide esa sencilla lectura.

• El espacio del Valle, sus instalaciones y la Basílica deben ser reconvertidos en un centro Memorial dedicado a las víctimas del fascismo.

• Las empresas y grandes fortunas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de trabajadores forzados, los esclavos del franquismo, deben ser investigadas, sus nombres publicados y forzados a pagar indemnizaciones a los supervivientes y sus familias, además de proveer un fondo para la reconversión del Valle.

• El Valle debe ser retirado de la propaganda turística de la Comunidad de Madrid que actualmente, de forma indecente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial que une enclaves históricos; este simple hecho, esta consideración como «imperial» al monumento fascista, nos muestra la degradación y la insensiblidad que presiden los débiles intentos de hacer frente a este legado pétreo del franquismo.

Hoy por hoy, la pervivencia del Valle de los Caídos es una prueba de que la lucha por la VERDAD, la REPARACIÓN y la JUSTICIA para las víctimas del franquismo encuentra todavía grandes problemas. Es un símbolo de la pervivencia de la legalidad franquista que todavía surte efectos reales en el carácter de las sentencias y tribunales militares que juzgaron en el pasado a cientos de miles de españoles y una mal llamada Ley de Memoria todavía mantiene y no cuestiona.
Es necesario denunciar bien claro y bien alto el miedo a afrontar la necesidad de poner fin a la pervivencia del Valle por parte de las autoridades. Las propias dimensiones colosales del monumento impiden ocultar su presencia, es imposible ignorarlo o mirar hacia otro lado; las acciones cosméticas como la prohibiciones de concentraciones fascistas, no resuelven el problema, pues lo fundamental es la propia existencia de la basilica, la Cruz y el propio conjunto monumental.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria denuncia la falta de voluntad del gobierno para poner fin a la vergüenza que supone la permanencia del Valle de los Caídos. Exigimos una acción decidida y clara que ponga fin a esta situación. Es preciso hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos.
Mientras por toda España concentraciones de ciudadanos claman por VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA para las víctimas del franquismo ante las Audiencias y Palacios de Justicia, en Madrid, en la Sierra, ciudadanas y ciudadanos venidos de todas partes exigimos coherencia democrática y valor para poner fin de una vez a esta gigantesca exhibición de la dictadura franquista.

Por higiene ciudadana y por respeto a la dignidad de las víctimas del franquismo:

DESMANTELAMIENTO YA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
DESACRALIZACIÓN INMEDIATA DE LA BASÍLICA
RECONVERSIÓN HACIA UN GRAN MEMORIAL DEDICADO A LAS VÍCTIMAS
DENUNCIA DE LAS EMPRESAS QUE SE LUCRARON CON LOS ESCLAVOS DEL FRAQUISMO
ILEGALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES FRANQUISTAS E INCAUTACIÓN DE SUS FONDOS Y DOCUMENTOS
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a abrir un proceso de acción que ponga fin a esta situación.
Por justicia y dignidad democrática
Federación Estatal de Foros por la Memoria.
El Escorial, 20 de Noviembre de 2009

http://www.foroporlamemoria.info/2009/11/valle-de-los-caidos-2009-sigue-la-ignominia/

La Iglesia pasa de la Ley de Memoria y honra a Franco

La abadía del Valle de los Caídos celebra una misa en recuerdo de "los hermanos Francisco y José Antonio". Un centenar de franquistas alza el brazo, canta el ‘Cara al Sol’ y vitorea al dictador.

DIEGO BARCALA - Madrid
Franco sigue bajo palio. La abadía del Valle de los Caídos celebró este viernes una misa en “recuerdo del fundador de la basílica”, Francisco Franco, y del “hermano José Antonio [Primo de Rivera]” que, según el abad benedictino Anselmo Álvarez Osb, “quiso ser la última víctima de la reconciliación de los españoles”. Cerca de 700 fieles, entre ellos la hija del dictador, Carmen Franco, acudieron a Cuelgamuros, como cualquier otro 20-N, a honrar a los golpistas de 1936, pese a que la Ley de la Memoria Histórica lo prohibe desde diciembre de 2007.
Al salir, un centenar de ellos cantó el Cara al sol, alzó el brazo y coreó “¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco!”. Desde las 11.00 horas de la mañana el recinto que acoge las tumbas de Franco y José Antonio, además de almacenar 35.000 cuerpos de muertos en la Guerra Civil, retrocedió de golpe más de 30 años. A pesar de que la Guardia Civil impidió desde primera hora la entrada al recinto con banderas o símbolos franquistas, la enorme explanada del Valle fue un escenario de exaltación del régimen, sin que agente alguno impidiera el acto fascista e ilegal.
Los monjes benedictinos que habitan en el recinto contribuyeron en gran medida a respaldar las intenciones de los asistentes. “Celebramos este sufragio de hoy en recuerdo de tu hijo Francisco, que en su testamento pidió el perdón de sus enemigos”, invocó el abad. Para justificar el recuerdo a José Antonio, apenas pudo decir: “Su muerte coincide con la fecha de hoy”. Antes de pedir el rezo de los presentes para “su felicidad eterna y el perdón de sus pecados”, el abad también rogó “el recuerdo para los caídos que ya descansan, sin colores ni banderas”.
Ante esta reflexión, la última de la misa, algunos franquistas mostraron su asombro y disconformidad y se levantaron del rezo. El abad prosiguió su reflexión en la “demanda de perdón”. “La cruz lo llena todo en el Valle y con ella vencemos todos, porque simboliza la victoria de Cristo”, sermoneó.
De paso, Álvarez Osb, acompañado de sus monjes, reclamó “la vuelta” de la cristiandad a la construcción de Europa, “porque está en su alma y en la de España”.

"Celebramos el sufragio de tu hijo Francisco", invocó el abad
La misa fue una adaptación del funeral que, hasta la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, se celebraba en Cuelgamuros el primer sábado después de cada 20 de noviembre, desde su inauguración, en 1959. La abadía ha decidido trasladar esa misa extraordinaria al 3 de noviembre en recuerdo de “todos los caídos en la Guerra Civil”. Sin embargo, los monjes mantienen los honores a Franco y José Antonio, en forma de “memoria litúrgica”, en el aniversario de su muerte, dentro de la misa conventual que se celebra cada día en la basílica.
La permanencia de la abadía junto a la tumba del dictador se debe a la enmienda que el Grupo Parlamentario de CiU pactó durante la negociación de la Ley de la Memoria. El ponente nacionalista catalán, Jordi Xuclá, medió en el Congreso ante la petición de los curas de la abadía de Montserrat, que comparte orden benedictina con los monjes de Cuelgamuros.
“Lo pactamos, pero siempre a condición de que no se hiciera ninguna exaltación del franquismo en el recinto. Me sorprende mucho que los curas sigan recordando a los hermanos Francisco y José Antonio. Quiero recordar que nosotros [CiU] nacimos del antifranquismo”, señaló ayer a este diario el propio Xuclá.

"José Antonio quiso ser la última víctima de la reconciliación"
Patrimonio Nacional, que gestiona el monumento junto a un patronato, destacó que la Ley sí ha impedido parte de la parafernalia franquista. Ya no hay misa extraordinaria de los sábados posteriores a cada 20 N, ni se celebra el desfile de Falange esos domingos. Algunos de los veteranos falangistas lamentaron en la lonja de Cuelgamuros que la Guardia Civil les impida la entrada con símbolos. “En Alicante sí nos dejan”, informó un falangista a sus compañeros. El partido fundado por José Antonio prevé celebrar este sábado una “afirmación nacionalsindicalista” en la Casa Prisión de la ciudad donde Primo de Rivera fue fusilado y enterrado.
Los nostálgicos de la dictadura tienen otra cita para hoy en la Iglesia de los Jerónimos, en Madrid, donde los curas, a petición de la Fundación Francisco Franco, han decidido acoger el homenaje que la ley ha prohibido en el Valle de los Caídos. Los anuncios fueron publicados ayer en forma de esquelas en varios periódicos.

300.000 turistas anuales
A pesar de las prohibiciones de la ley, ante los ojos de algunos de los más de 300.000 turistas que visitan cada años la tumba de Franco, nada ni nadie explica la historia del recinto. Un pequeño panel traducido al inglés en la entrada de la nave central excavada en la roca señala que “tras sus muros se encuentran los columbarios con los restos de los caídos en la Guerra Civil”.
La tienda de recuerdos de la entrada ofrece libros de recetas de “tapas típicas españolas”, abanicos y láminas del cercano Monasterio de El Escorial. En el último año se ha añadido un producto que puede dar una explicación lógica al visitante. Es el libro del periodista Fernando Olmeda titulado El Valle de los Caídos, que revela alguna de las claves de la macabra historia del lugar en el que reposan miles de cuerpos de republicanos que fueron robados por el régimen.
En un lugar destacado del altar circular, las tumbas de Franco y José Antonio fueron cubiertas con multitud de rosas rojas y amarillas, que jóvenes y ancianos llevaron con devoción. Un joven cura, que no quiso hablar con el cronista, rezó un padrenuestro frente a la lápida de Franco para “su paz eterna”.

Ley de la memoria
Un lugar de culto y un cementerio público
La Ley de la Memoria Histórica regula en su artículo 16 el funcionamiento del Valle de los Caídos. En su primer punto destaca que “se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”. Este punto es difícil de cumplir si se tiene en cuenta que muchos familiares de los allí enterrados desconocen que su pariente está allí.
El segundo punto del escueto artículo señala que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. La parte que depende de Patrimonio Nacional cumple con este propósito e impide entrar al recinto con símbolos que exalten la figura del dictador o el fundador de Falange. La abadía se salta esta parte de la ley y celebra una “memoria litúrgica” que honra a los golpistas de 1936.

Se estrecha el cerco sobre los responsables de robos de niños en el Franquismo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en manos del Juzgado los nombres de algunos de los presuntos implicados en el tráfico de neonatos urdidos durante el Franquismo.

María José Esteso Poves / Madrid
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó el 25 de septiembre en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid información sobre más de 20 casos de robo de bebés durante el Franquismo. Estos, se suman a los del 8 de enero de 2009 que, por “razones de urgencia”, sí permitió investigar la Audiencia Nacional, a pesar de que ya se había declarado a Garzón incompetente para investigar los crímenes del Franquismo. Ese resquicio permite que los casos de varias madres, presas políticas a las que se les arrebataron sus hijos, se investiguen.
A raíz de esa denuncia admitida por la Audiencia, el Juzgado citó a la ARMH. Su abogado, Fernando Magán, ha aportado ahora abundante documentación y nuevos testimonios (en esta ocasión de madres sin filiación política conocida) junto a un informe inédito de 24 páginas, recopilado por el sociólogo Francisco González de Tena que pone nombre a algunos presuntos culpables en Bilbao y Madrid, entre otros lugares.
Ese estudio da nombres de ginecólogos, abogados, curas, monjas y personas afectas al Franquismo que, supuestamente, organizaban las adopciones ilegales. Los secuestros de bebés comenzaron en los primeros años de la dictadura con presas políticas después se convirtió en una práctica generalizada. Según este informe, "el modus operandi era el mismo: mujeres con partos naturales y a término, daban a luz a bebés sanos, que les eran retirados con la excusa de que era necesario llevarlos a las incubadoras. Luego decían a las familias que habían muerto y que la clínica se encargaba de todo. Los padres no veían los cuerpos y los médicos certifican las muertes. Las noticias las daban curas o monjas". González de Tena asegura que todo esto era posible por dos motivos: "No denunciaban porque existía un ’miedo reverencial’ hacia la Iglesia, a la que otorgaban impunidad amparada en la caridad. Además, había una ’socialización del silencio’ que prevalece hasta hoy. Los cuerpos no eran enterrados, no se han encontrado partidas de bautismo in artículo mortis, tampoco hay documentos en los que las madres accedan a dar a sus hijos" y denuncia la actual colaboración nula de las instituciones.
Esto lo ha comprobado Mar Soriano Ruiz recientemente al reclamar el historial médico de su hermana Beatriz, nacida el 18 de enero de 1964, al Archivo Regional de Madrid: "Los historiales de la Maternidad de O’Donnell [ver recuadro] se encuentran en el Archivo del Hospital Gregorio Marañón pero de allí, mandan a la gente aquí", dijeron las funcionarias. Entonces pidió el parte de incubadora, que sí estaba, y le contestaron las mismas funcionarias: "No podemos dar más datos, pero consta que tu hermana murió por otitis (firmado por los doctores Castiella y Villa) y ese mismo día, casualmente, fallecieron en la misma clínica seis niños más también de otitis". Su caso es uno más de los presentados ante el Juzgado. Algunos ginecólogos, aún vivos de la Maternidad de O’Donnell, donde hay varios casos de neonatos robados, están citados como presuntos conocedores de los hechos. También se menciona al doctor Vela de la clínica San Ramón, donde se habrían producido adopciones ilegales hasta los ’80.
El documento relata muchos casos similares en Bilbao y en la mayoría de las ocasiones aparece un mismo nombre: "En la cabeza de este grupo aparecía [presuntamente] Mercedes Herrán (ya fallecida) que utilizaba el nombre de Mercedes de Grass, apellido del marido. Algunas de las mujeres afectadas iniciaron por su cuenta, hace tiempo, la búsqueda desesperada de sus hijos, visitando las clínicas en las que dieron a luz (Indautxu y San Francisco Javier, Bilbao) y reclamando sus fichas clínicas. Todas sus gestiones fueron inútiles". De Grass se llegó a hacer famosa en todo el Estado español, ya que hasta ella llegaban muchas peticiones de adopción de niños que habría gestionado con la ayuda de un párroco, un ginecólogo, una abogada, una secretaria, un notario y una monja, algunos vivos todavía. "Todo apunta a que entre 1965-1980, e incluso con una continuidad ya menor hasta 1995 –señala el citado informe–, estuvo operativa en la ciudad de Bilbao una red organizada para sustraer neonatos a parturientas en situación de debilidad social (por edad o estatus) y darlos en adopción ilegal". Se tejió una tela de araña en pisos y chalés donde se alojaban las jóvenes a las que después se les sustraían los bebés.

ALGUNAS CLAVES DE LOS TESTIMONIOS

CONTROLADO DE CERCA
Los datos recabados señalan que desde 1940 estas prácticas sucedían en determinados centros, causalmente conectados espacialmente. Incluso, alguno de los testimonios presentados en septiembre ante la justicia madrileña afirma que se habría extendido hasta 1995. “Las maternidades de referencia en Madrid eran la antigua O’Donnell, y su anexa Santa Cristina, y después la Clínica San Ramón (privada), situada frente a las anteriores. Junto a estos centros funcionó la “Inclusa Provincial la Paz”, capacitada para dar niños en adopción. En Bilbao los dos centros están situados en la misma calle, Gordóniz: La Clínica de San Francisco Javier (privada), y en la acera opuesta, la Clínica Uzparicha o Indautxu”.

PRECIO: 200.000 PESETAS
Nacida en Murcia, se quedó embaraza cuando era joven su familia la echó a la calle. María Dolores Chumilla recurrió a un cura que la envió a uno de los pisos de Mercedes de Grass en Bilbao, según ella misma relata en el informe de la ARMH. Trabajó como costurera y en la limpieza para Mercedes de Grass. Pagó 12.000 pesetas de la época para dar a luz en la clínica San Javier (Bilbao) el 13 febrero de 1978. Cuando dio a luz, la monja sor Amestoy le dijo que se marchara a Murcia, que ella cuidaba a la niña. Cuando volvió esa misma monja le dijo que De Grass había dado a la niña. Una compañera de piso embarazada le aseguró que por la pequeña pagaron 200.000 pesetas.

UNA OTITIS MORTAL
Nuria M.T. cuenta en el informe que su madre dio a luz a su hermano Luis en su casa el 21 de abril de 1965 en Aranjuez, pero “mi madre fue llevada a la Maternidad de O’Donnell ya que mi hermano había nacido antes de término”. Cuando llegó a la maternidad se lo llevaron a la incubadora mientras extraían la placenta a la madre. “No le vieron más; a los siete días les comunicaron a mis padres la muerte del niño; causa: Otitis”, señala su hermana. Sin embargo, según ha investigado González de Tena, y se acredita “en La evolución de la mortalidad infantil en España (1964), no existe ni un solo caso de muertes acreditadas por esta causa”, señala.

JOSÉ BOTELLA LLUSIÁ
José Botella Llusíá, familiar de Ana Botella, aparece en el estudio ya que ejerció como ginecólogo en varios de los casos de niños, supuestamente desaparecidos según los testimonios de las madres. Botella fue fundador en 1956 y director durante años de la maternidad de O’Donnell. Tras licenciarse en Medicina y Obstetricia, perfeccionó sus estudios en Alemania (años ‘30). Además, durante el Franquismo ocupó altos cargos institucionales: rector de la Complutense (1962- 1978), presidente de la Sociedad Española de Fertilidad y de la Real Academia de Medicina.

Pena negra

Ian Gibson

Fue la otra noche en Cuatro, en el nuevo espacio de Iñaki Gabilondo (que a mí, entre paréntesis, me gusta menos que el formato anterior, con el cotidiano e imprescindible comentario del gran periodista al principio). No retuve su nombre, pero su cara dolorida y sus palabras apesadumbradas se me quedarán grabadas en la memoria. Esta mujer de pelo albo y vestido oscuro (“¡Oh blanco muro de España! / ¡Oh, negro toro de pena!”) lleva 30 años visitando cada día la cuneta donde yace su ser querido en las afueras del pueblo.
Y 30 pidiendo sin éxito a las autoridades de la España pretendidamente democrática que por Dios y por su Santa Madre le permitan exhumar aquellos restos y darles el entierro digno que se merecen. Yo he mirado los ojos de esta mujer, que tanto han llorado, y he despreciado, una vez más, a quienes todavía se oponen a que las familias de los vencidos tengan los mismos derechos que disfrutaron bajo la brutal dictadura franquista las de los vencedores. Vencedores que todavía se niegan a perdonar, que rechazan la misericordia, pese a la religión de amor que dicen profesar y que, en realidad, traicionan.
La imagen ha coincidido en el tiempo con la de Garzón entrando a declarar ante un Tribunal Supremo capaz de admitir a trámite la querella que ha puesto contra él, por supuesto delito de prevaricación, un grupo ultraderechista autodenominado, para más inri, Manos Limpias. El juez ha actuado impelido por el deseo de ayudar a las víctimas, personas como la pobre enlutada que hemos visto en Cuatro. Estemos atentos a lo que diga ahora el instructor del caso.

PÚBLICO
domingo, 13 de septiembre de 2009

No me los toquéis II

Gran Wyoming

“ Todo queda atado y bien atado”. Con esta sencilla frase tranquilizaba Franco a los suyos cuando la angustia les consumía ante la cruel consecuencia que el inexorable paso del tiempo les anunciaba. El Titánic que surcaba las tranquilas aguas de su amadísima patria donde se torturaba a los jóvenes en las comisarías, se encerraba y apaleaba a los homosexuales, se privaba a los rojos de libertad hacinándolos en las cárceles y se invitaba a las mujeres a quedarse en casa cuidando de la prole al margen de los quebraderos de cabeza que proporcionan los cargos de responsabilidad para los que estaban “genéticamente incapacitadas”, ese buque insignia, último baluarte de un sueño truncado y reserva espiritual de occidente, lo guiaba con pulso tembloroso una tripulación visionaria incapaz de trazar un rumbo cuando la precaria salud de su líder, el generalísimo de todos los ejércitos, apuntaba hacia el fin de la travesía, al ocaso del delirio fascista.
A qué puerto llegó, no lo sabemos con certeza, pero sí que su tripulación sigue surcando nuestros mares. Los vemos desembarcar en los altos puestos de la judicatura, para desde allí recordar la orden que quedó flotando en el aire y que aún hoy es de obligado cumplimiento: “A los míos no los toquéis”.
El Tribunal Supremo nos ha vuelto a situar en la realidad al juzgar a un magistrado por perseguir el crimen. En la persona de Garzón lanzan un aviso de navegantes. Nos recuerdan que siguen en la atalaya vigilantes, impasibles. Muchas veces he sido criticado por afirmar que, sorprendentemente, el Ejército había entrado antes en la democracia que la justicia. A las pruebas me remito.

Dos asociaciones de Navarra presentan una denuncia por ataques contra la memoria histórica

EFE CET Pamplona.-

Miembros de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Txinparta han presentado hoy una denuncia ante la Policía Foral de Pamplona por los "ataques fascistas" a varios monumentos y placas en la comunidad sufridos estos días y que suponen "un atentado contra la memoria histórica".

A la salida de la oficina foral, en la Plaza del Castillo de la ciudad, el componente de la Asociación Txinparta Koldo Pla ha explicado a los medios que se ha presentado un informe resumido de los ataques, con una descripción de los daños habidos hasta la fecha, desde el pasado mes de mayo.
Entre los monumentos atacados se hace mención al monolito en homenaje a los presos fugados del fuerte de San Cristóbal en el monte de Ezkaba, que según el escrito redactado presenta una "rotura de la escultura y de las placas laterales, así como numerosas pintadas", para lo que se han aportado fotografías de los daños como prueba.
Las asociaciones denunciantes han incidido en su idea de que los actos vandálicos son obra de un mismo grupo, para lo que han aportado dos pruebas: la placa que fue arrancada de Roncal y apareció en el cementerio de Aizoain y una llamada de teléfono que recibió un historiador, al que se pedía "que se diera una vuelta por todos los monumentos de mierda de San Cristóbal para ver 'lo bonitos que habían quedado'".
Ambos hechos muestran, según Pla, que los autores "son miembros de un grupo organizado, por lo que el delito y la consiguiente pena sería mayor en caso de que fueran detenidos".
Algunas denuncias por los ataques a monumentos en Navarra ya se habían presentado, según la Asociación Txinparta, como la del concejo de Aizoain por el ataque a su placa y la del concejo de Artika, y otras que se prevé que se denuncien en los próximos días, como el de la carretera de Roncal, y que "será presentada por el grupo que colocó el monumento posiblemente el lunes".
Sobre la respuesta de los partidos políticos, Pla ha considerado que ha habido una reacción de la totalidad de los grupos políticos, y ha valorado como "importante" que "por primera vez se haya dado una respuesta conjunta", aunque sí ha pedido a los representantes que sean "mucho más claros en las condenas de todos estos ataques".
"Deberíamos conseguir la deslegitimación social de estos actos, y tener claro que las víctimas son todas víctimas, que no podemos diferenciar entre tipos de violencia", ha añadido.
Por su parte, Roberto Rocafort, hijo de uno de los fusilados en San Cristóbal, ha manifestado su pena ante el silencio de la Iglesia y de partidos como Falange Española por los actos vandálicos.
"Si la Iglesia no está de acuerdo con que en los pintadas se ponga 'Viva Cristo Rey' debería decirlo, y si se callan da la impresión de que están de acuerdo tanto ellos como Falange, a la que también se ha hecho referencia", ha comentado.
Respecto a la reacción de la Policía Foral, los miembros de las asociaciones presentes han destacado que los agentes les han mostrado su "interés y preocupación en seguir investigando" los hechos, por lo que Pla espera que se de "por primera vez una investigación seria" de lo ocurrido.
Los agentes han pedido a las asociaciones una relación de monumentos que aún no han sido atacados para tenerlos controlados, como es el caso del parque de Santaguda, un monumento situado en Aoiz y las placas en Berriozar.
Además, las asociaciones han hecho saber a las autoridades que en el futuro se llevará a cabo la colocación de otras nueve placas relacionadas con la memoria histórica.

Las sentencias de la represión

Ramón Sáez

Que la Administración denegara la solicitud de indemnización que formuló la viuda de Sánchez Bravo, fusilado en septiembre de 1975, con base, precisamente, en la sentencia del Consejo de Guerra que le condenó por terrorismo y asesinato, viene a reconocer la vigencia de expresiones de la barbarie del pasado con apariencia jurídica, que siguen entre nosotros y forman parte del ordenamiento. La eficacia de las sentencias de los tribunales de excepción del franquismo cuestiona las bases sobre las que se asienta el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, y ataca el sentido de decencia de la ciudadanía, que debe compartir el legado del fascismo.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 declara el carácter radicalmente injusto de las condenas dictadas por los tribunales de excepción de la dictadura y la ilegitimidad de esos órganos de la represión, entre ellos los Consejos de Guerra, al estimar que eran contrarios a Derecho y vulneraban las más elementales garantías del juicio. Resulta que la Administración no quiere extraer consecuencia alguna de esa proclamación y excusa que no le corresponde cuestionar las “actuaciones procesales” del franquismo. Se homologan como actos de Derecho conductas de brutalidad institucional contra la disidencia política, una suerte de farsa jurídica que interpretaba un piquete de verdugos.
Tal forma de operar sólo puede explicarse en el método que adoptó nuestra particular transición a la democracia, un modelo, sí, pero de impunidad de los crímenes de la represión, de silencio impuesto, de abandono y desprecio de las víctimas. No en balde la Transición estuvo gobernada por el miedo a un posible golpe militar que situó a los políticos que venían de la dictadura en la posición de imprescindibles valedores de la democracia y obligó a aceptar con resignación que era mejor no intentar ajustar las cuentas con los responsables de crímenes horrendos (torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas). Por si acaso.
El respeto de los derechos fundamentales básicos de las víctimas de la larga y feroz represión requiere que las resoluciones de los tribunales de excepción sean anuladas. Para ello es necesario convenir una idea precisa: el aparato institucional franquista fue un Estado ilegal, un espacio de no Derecho, que se sustentaba en la violación sistemática de los derechos y libertades, conculcando la legalidad internacional, el orden jurídico universal constituido por los derechos humanos indisponibles. El Estado franquista nació de un acto criminal, un golpe de Estado, se fundó sobre una Guerra Civil que se desenvolvió bajo el programa de exterminio del enemigo político y se consolidó mediante un proyecto de persecución implacable de cualquier forma de disidencia, que se prolongó después de la muerte del tirano. Estado ilegal, tribunales de excepción y sentencias injustas. Así debemos pensar tales instituciones y actos de poder.
Si esa fórmula fuera aceptada –algo que pretendió con timidez la ley de la memoria– no habría problema en declarar la nulidad de todas las sentencias de los tribunales de excepción, como hechos gravemente atentatorios contra los derechos humanos que no pueden convivir en la esfera pública democrática. Se disuelven así las dudas sobre la seguridad jurídica que se han planteado; dudas que nunca deberían amparar la injusticia ni la permanencia de los efectos del crimen.
La revisión de las sentencias condenatorias corresponde al Tribunal Supremo; a su Sala Segunda respecto a las dictadas por el Tribunal de Orden Público y por los Tribunales de represión de la masonería y el comunismo y de responsabilidades políticas; y a su Sala Quinta para las pronunciadas por consejos de guerra. Para ello, la ley pide la concurrencia de un hecho nuevo que evidencie la inocencia del acusado. Se pueden anotar varios. En primer lugar, la declaración por ley de la ilegitimidad de origen de los tribunales de excepción, que surgieron de un golpe de Estado, y de su ilegitimidad de ejercicio, por la violación sistemática de los derechos y libertades. Su consecuencia es la injusticia de las sentencias, que también se afirma. Un segundo hecho nuevo sería la derogación expresa de toda la normativa que soportaba a los tribunales, sus procedimientos y los tipos sancionadores, por su incompatibilidad con los derechos humanos. Además, ha de considerarse, en su caso, la declaración de reconocimiento como víctima de la represión y de reparación personal que prevé la ley, porque sus consecuencias son la admisión por el Estado, en un acto concreto, de la injusticia de la
condena. Antes de la ley de reparación, medio centenar de resoluciones de la Sala Quinta de lo militar del Tribunal Supremo (otra excepción española, una milicia togada en su Corte de Casación) denegaron la autorización para interponer recurso de revisión contra condenas políticas dictadas por consejos de guerra de la represión franquista, con decisiones y argumentos incompatibles con la cultura de la legalidad democrática, que concibe la ley subordinada a los derechos humanos. El Fiscal, que hasta ahora ha defendido la intangibilidad de las sentencias, tiene una misión especial en la revisión de las sentencias injustas, que enuncian las leyes procesales y que sería deseable que asumiera.
La nulidad de las sentencias de la represión es un episodio de la lucha por el Derecho que esta sociedad debe acometer para tomar distancia –no sólo temporal– con un Estado ilegal que negaba los derechos y mataba impunemente a sus enemigos políticos. Razones de higiene pública lo aconsejan.

Ramón Sáez es Magistrado de la Audiencia Nacional

¿Por qué mataron a García Lorca?

Lina Gálvez

Tratando de pasar el tiempo eterno que transcurre cuando se está de espera en hospitales, he tenido la oportunidad de visitar este fin de semana en Granada la Huerta de San Vicente, la que fuera la casa de verano de la familia de Federico García Lorca entre 1926 y 1936 y ahora convertida en Casa Museo.
Allí se conservan gran parte de los muebles que entonces existían, incluida la habitación en la que Lorca escribió, entre otras obras, Yerma o Bodas de Sangre y dos habitaciones convertidas en sala de exposición con cartas, grabados o fotografías que recuerdan la vida y la obra del poeta granadino.
Las visitas son guiadas pero dando poca información y dejando que los visitantes puedan admirar los detalles que se hallan expuestos. Apenas se habla, por ejemplo, del compromiso de Lorca con los ideales republicanos a pesar de que en su habitación se señala un cartel de La Barraca que sigue allí colgado y se explica que era su grupo de teatro y que con él se intentaba instruir además de divertir.
Solo al final, al salir por la estancia principal de la casa, comenta el guía que fue allí donde la familia de García Lorca se reunió en agosto de 1936 para decidir en qué casa estaría más seguro el poeta cuando ya estaba claramente amenazado de muerte. E informa el guía que se decidió que fuese a esconderse a casa de su amigo el poeta Luis Rosales pero que eso no pudo impedir que fuese detenido y fusilado.
Mi sorpresa vino cuando uno de los visitantes preguntó “por qué lo mataron” y otro que dónde estaba enterrado y el guía se limitó a responder que las últimas interpretaciones apuntaban a que fue por un ajuste de cuentas entre familias más que por motivaciones políticas y que su cuerpo estaba “entre Viznar y Alfacar”.
Desde que se estrenara el documental de Emilio R. Borrachina, Lorca. El mar deja de moverse, la teoría de que los asesinos salieron de su propia familia ha cobrado fuerza. El considerado autor material del asesinato, Juan Luis Trescastros Medina, quien no tenía problemas en contar que le había pegado “dos tiros en el culo por maricón”, está enterrado en un panteón de la familia Lorca. Según esta teoría, la homosexualidad de Lorca y el haber escrito “La casa de Bernarda Alba”, donde plasmó una radiografía de los Alba, parientes de los Roldán, fueron los detonantes de su muerte. Sin embargo, Trescastros no estuvo sólo en el pelotón de fusilamiento sino acompañado por otros miembros de la derechista Acción Popular, por lo que no se puede descontextualizar el asesinato del momento histórico de la Guerra Civil y las facciones que en ella se enfrentaron.
Porque a Lorca no lo mataron por una simple pelea entre familias sino porque era republicano, como otros muchos miles que también cayeron por la misma razón, y no tiene tumba como tampoco la tienen tantos otros que descansan o se revuelven en las cunetas de tantos caminos.
La verdad es que me sentí avergonzada porque todavía no conocemos nuestra historia, porque existe una Ley de Memoria Histórica que no se respeta, porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez que se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el Franquismo, porque esas investigaciones solo se llevan a cabo gracias a la perseverancia de las asociaciones de memoria histórica y no por un pueblo que quiere conocer su pasado, y porque en muchas autonomías los ciudadanos confían su gobierno a un partido político que aún no ha condenado el franquismo.

Las fosas del franquismo llegan a Estrasburgo

La familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936 por los franquistas, denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su "falta de asistencia"

DANIEL PÉREZ ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA
La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.
La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a "crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta".
Todos los intentos de abrir su fosa común, con 500 cuerpos, fracasaronLa representación legal de la familia presentó la demanda el 12 de junio. "No hay plazos fijos para la admisión a trámite, pero suele tardar de seis meses a dos años", apuntan fuentes judiciales. Los abogados de Dorado esperan ahora confirmación de la recepción por parte del Tribunal.
La demanda, firmada por Carmen Dorado, de 83 años hija de la víctima, y su hijo, Antonio Gutiérrez, de 57, fue presentada tras comprobar que todas las puertas legales en España se cerraban tras una lucha de casi 30 años. La familia ni siquiera ha conseguido una partida de defunción. "No hemos sido reparados económica ni moralmente. Sólo hemos recibido burlas y dejadez de la justicia y la administración", afirma Gutiérrez, cuyo objetivo, desde el principio, ha sido claro: localizar el cuerpo, exhumarlo, identificarlo, entregarlo a la familia y modificar el Registro Civil.
Registro Civil
"En casi 30 años, sólo hemos recibido burlas de la justicia "El calvario empieza en 1979, al tramitar el papeleo para reconocer la viudedad de Josefa Ortiz, esposa de Dorado. La familia se vio obligada a presentar una declaración voluntaria de fallecimiento en 1980 al comprobar la imposibilidad de demostrar que Dorado estaba muerto, porque no consta en el Registro Civil de Córdoba. A partir de ahí, los familiares inician una lucha que culmina en 1993 con el reconocimiento del derecho de Josefa Ortiz a percibir una pensión de viudedad sin carácter retroactivo.
"Ahí ya no teníamos ni un documento para seguir pleiteando", afirma Gutiérrez. Sólo la progresiva apertura de los archivos militares va abriendo con los años expectativas para la familia, que logra al fin demostrar el asesinato de Dorado a partir de una investigación privada. "Desde mediados de los 90 voy indagando y empieza a llegarme información, anónima o de investigadores como Francisco Espinosa", explica Gutiérrez, que destaca el "apoyo" de la CGT.
El recurso de la familia a la vía judicial resultó infructuoso. En 2006, tanto el juzgado de instrucción 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial rechazan sus denuncias. Sus argumentos se fundamentan en la prescripción de los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato y en la Ley de Amnistía. "Ahí ya sabíamos que aquí nuestra causa no tenía futuro, pero teníamos que agotar toda la vía en España para poder ir a Estrasburgo", explica Gutiérrez.
La denuncia apunta a una violación de la Convención de Derechos Humanos Inhibición de Garzón
La familia presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, que resolvió que no era de su competencia. En cuanto a la Audiencia Nacional, la causa le tocó a Baltasar Garzón. Al inhibirse en noviembre de 2008 en favor de los órganos territoriales, la familia dio la causa por perdida. "No somos una asociación ni pedíamos un juicio al franquismo. ¿Por qué no nos dio respuesta individual, si sabía que en el juzgado territorial ya habían dado por prescritos los delitos?", pregunta Gutiérrez.
Justo el día en que Garzón trasladó la causa a los órganos territoriales, el juzgado de instrucción 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de la fosa en la que supuestamente están los restos de Dorado, en el cementerio de la Salud. Allí habían empezado en octubre los trabajos de localización de la fosa, en una actuación dentro del programa de subvenciones que la Ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares para buscar a sus difuntos. La familia llegó a denunciar a Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (entonces en IU), por prevaricación, al estimar que el Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa, donde se calcula que hay entre 400 y 500 cadáveres. La denuncia fue archivada al no encontrarse indicios de delito.
Sus descendientes no han conseguido ni siquiera una partida de defunción. La demanda en Estrasburgo no pretende que el Tribunal asuma la investigación u ordene la exhumación cuestiones sobre las que carece de competencias, sino que reconozca la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado a hacerlo. La familia y sus abogados prefieren no revelar el contenido exacto de la demanda, ya que daría ventaja al Estado para preparar su defensa en caso de que sea admitida.
"No pedimos que se enjuicie al régimen anterior. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos fundamentales, que son inherentes a todo ser humano", aclara Gutiérrez.

PÚBLICO

jueves, 08 de enero de 2009

Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

Cifra en 30.960 los pequeños separados de sus padres y acogidos por religiosos

Efe ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid

Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.
El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.

Hasta 152.237 víctimas

A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.
Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.
En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".
En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.
La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen

Viernes, 9 de enero de 2009

Las víctimas piden pruebas de ADN para buscar añinos robados del franquismo

Las asociaciones alegan la elevada edad de los testigos que perdieron a sus hijos o ayudaron en partos en la cárcel//Argumentan que debe ocuparse Garzón por razones de urgencia

ANGELES VÁZQUEZ.-MADRID

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió ayer a la Audiencia Nacional. Pretende, alegando el fallecimiento de dos mujeres que trataban de localizar a una hija y a una hermana, que se practiquen con urgencia las declaraciones judiciales y las pruebas de ADN necesarias para esclarecer algunos de los casos de los niños perdidos del franquismo.
la forma más rápida de proceder sería que las ordenara el Juez Baltasar Garzón, que se ha inhibido a favor de te juzgados de siete ciudades para que investiguen esta parte de la primera causa penal abierta por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
La asociación, representada por el abogado Femando Magan, argumenta que el último auto de la Sala de lo Penal que declaró que Garzón no es competente para investigar estos crímenes contra la humanidad dejó abierta la puerta a la realización de pruebas urgentes o necesarias para la averiguación del delito. Y para demostrar dicho urgencia recuerda en su escrito a Emilia Girón y Marina Álvarez. La primera, que murió el año pasado a los 96 años, buscaba a su hijo. Alvarez, también murió en 2008, pero antes de hacerlo se hizo pruebas de ADN para Intentar localizar a su hermana menor.
Ellas ya han muerto, pero la Asociación intenta evitar que ocurra lo mismo en otros tres casos. .Son los de Agustina Gomez, de 100 años, que busca a un hijo suyo robado en 1945; Julia Manzanal, de 93; y los hermanos Joséy María Setefilla Sanchez. Iglesias, de 75 y 73 años, respectivamente.

Matrona en la cárcel

Además, el escrito considera clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varias cárceles en los años cincuenta, por lo que puede dar fe de cómo estos niños eran separados de sus madres y perdían su identidad.
Asi denuncia cómo dos personas que fueron adoptadas y que a través del programa Quién sabe dónde?: supieron quién era su verdadera familia mantienen a la fuerza el nombre que se les dio tras su adopción. Otros siguen sin saber quiénes eran sus padres.
Para que la investigación avance en este sentido, la asociación propone acudir a la Asociación Nacional Derecho a Saber y a los fondos del Consejo Superior de Protección de Menores. También solicita que se incorpore a la causa el procedimiento que se siguió en Navarra por el robo de 29 hojas de la maternidad del Orfanato de la Diputación de Navarra, robo que sirvió para averiguar la identidad de muchas personas.

Nuevas fosas

La asociación también solicita que, ademas de bs 28 Juzgados a los que Garzón instaba a continuar la investigación por él iniciada, se dirija a otros nueve En todos ellos se sospecha que hay fosas de desaparecidos. En Guadalajara ya se tiene autorización y subvención (que expira en abril) para buscar a un capitán del Ejército republicano que se cree enterrado junto a una ermita de Esplegares.
La petición relativa a Puertollano trata de evitar que la construcción de una incineradora donde estaba el cementerio civil de la localidad dificulte la identificación de algunos restos que quizá no fueron exhumados al no estar identificados».

PÚBLICO
lunes, 19 de enero de 2009

La impunidad de la dictadura

JOSÉ MARÍA MOHEDANO*

La muerte del valeroso e idealista estudiante Enrique Ruano fue uno de los asesinatos más siniestros del franquismo. Al crimen se unió la inmundicia de incluir en el sumario, como pieza de convicción, unas notas íntimas de Enrique requisadas por la Policía durante el registro de la casa de sus padres. De esta manera, la causa penal se instruyó por suicidio para, desde el primer momento, exculpar de la autoría del asesinato a los policías.
Y a su muerte horrible se añadió una de las páginas más negras y más abyectas del periodismo de la dictadura: divulgar y manipular a través del diario ABC, en perfecta coordinación con la Policía y con el Ministerio de Información que dirigía Manuel Fraga, aquellas notas íntimas o terapéuticas.
Al crimen se añadía la infamia y el escarnio de la vida íntima. Todo fue tan escandaloso que hasta un conocido periodista del régimen se atrevió a escribir que se había cometido una macabra villanía.
Cuando en 1994 se reabrió el sumario gracias al empeño de la familia de Enrique y de su abogado, a nadie se le podían ocultar las dificultades materiales para conocer la verdad sobre los hechos ocurri-dos 25 años antes.
Es preciso tener en cuenta que en el año 1969, a la familia nunca se le permitió tener en la autopsia a un médico de su confianza y que no se hizo comprobación alguna de las armas de los policías para determinar el origen de una herida contusa redondeada de siete milímetros de diámetro con fractura de clavícula, producida por un objeto de las características de una bala.
Sin embargo, los esfuerzos de la familia de Enrique no fueron vanos. En primer lugar, despejaron la nebulosa sobre el falso suicidio. Quedó también claro que los franquistas habían destruido y ocultado pruebas. Y una juez estimó que los hechos eran constitutivos de asesinato, pero que no se podía condenar a los policías procesados por no estar demostrado cuál de ellos había sido el autor del disparo.
Y, sobre todo, se dejaron al descubierto las abundantes complicidades que el franquismo fue capaz de generar para garantizarse la defensa y la impunidad de los suyos, los criminales que mataron a un joven indefenso y pacífico.
*Abogado. Amigo y compañero de Enrique Ruano

REBELIÓN
26-01-2009

Los impactos de fusil destrozaron cuatro esculturas de hormigón de más de trescientos kilos cadauna

Ametrallan un monumento por la memoria histórica en un pueblo de Cáceres

Javier Mestre
Un grupo de desaprensivos ametrallaron ayer por la tarde las figuras del monumento por la memoria histórica que se acababa de inaugurar en la villa de El Torno (Cáceres).
La asociación Jóvenes del Valle del Jerte organizó la colocación de cuatro esculturas del escultor toledano Francisco Cedenilla,que representan a una mujer,un hombre,un anciano y un niño víctimas de la represión franquista.El artista había contado con una subvención de Ministerio de la Presidencia para elaborar su obra y,tras ofrecerla a diversos municipios,se encontró con la buena disposición de los jóvenes de El Torno,que consiguieron ubicarla,con permiso de la corporación municipal gobernada por el Partido Popular,en un paraje singular con mirador al valle del Jerte, propiedad del Ayuntamiento.Se da la circunstancia de que las estatuas son de hormigón,de unos 300 kilogramos cada una.
El domingo por la mañana,unas 70 personas,sin la presencia de políticos de renombre,sólo autoridades municipales del pueblo, inauguraron el monumento..Tras el emotivo acto de recuerdo de las víctimas del franquismo,se fueron todos a comer unas migas en un restaurante de la localidad.Al terminar,unos cuantos vecinos les avisaron,alarmados,de que habían oído ráfagas de fusil,tiros de escopeta y gritos en el lugar donde se ubican las esculturas.Con el alcalde a la cabeza,los presentes en el evento fueron a comprobar la denuncia a eso de las cinco de la tarde,y en el mirador encontraron las esculturas gravemente deterioradas por impactos de bala.
La Guardia Civil de Plasencia mandó dos patrullas,comprobaron los destrozos de bala y recogieron casquillos para investigar los hechos.La asociación Jóvenes del Jerte denunció los sucedido a la prensa regional extremeña y a La Tribuna de Toledo,dado que el escultor Francisco Cedenilla es oriundo de Pepino,un pueblo de la zona de Talavera (Toledo),y descendiente de represaliados de la dictadura franquista

El funcionario se llevaba el coche repleto de legajos del Archivo Militar

Felipe Villegas

“El funcionario al que usted alude, que falleció en septiembre de 2007, pudo llevarse más de 12.000 euros ofreciendo de tapadillo copias digitalizadas de expedientes a los usuarios, que fueron los que alimentaron a esa bestia”. Así justifican el mercadeo que, a cuenta del interés por la Memoria Histórica, había orquestado uno de los suyos.
Lo admiten a regañadientes, pero han acabado dando más detalles incluso que los propios historiadores y familiares de víctimas estafados por el funcionario militar que, hasta septiembre de 2007, controlaba las consultas, las búsquedas y las entregas de documentación en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, el mayor sobre la represión de Andalucía.
“Ese señor se aprovechó de que el manejo de los fondos sigue siendo algo caótico, y de que la ordenación es incluso peor. Francamente, vivimos en la locura y no tenemos medios suficientes; esperamos, no obstante, que cuando el archivo se traslade a uno de los pabellones de enfrente que estamos rehabilitando, la situación pueda cambiar”, informan fuentes de Defensa, las mismas que, de todos modos, pretenden restar importancia a lo sucedido: “En ese archivo se ha metido mucho la mano en todas las décadas. No es algo nuevo. Lo que ocurre es que queremos ponernos serios en un momento en que la voracidad del querer saber es mucho mayor”.
De esa voracidad se nutrió el referido funcionario, quien de tapadillo fraguó un sistema redondo para sacarse un sobresueldo: localizaba los grupos de expedientes que les pedían los usuarios y, en vez de servírselos tal cual, les ofrecía la posibilidad de obtener una copia digitalizada. Todo ello a 10 céntimos la página. La oferta era tan tentadora que la lista de pedidos creció y creció, y como pasó que el promotor falleció de forma repentina en septiembre de 2007, dejó a muchos colgados con los ingresos hechos pero sin la información recibida. Y así hasta hoy.
“El problema es que esa gente alimentó a la bestia, cuando también ellos han sido culpables por consentir ese chanchullo”. Sólo que había gente que llegó a creer que lo de las copias era un servicio más del archivo, lógico porque en los que suelen estar en condiciones sí es así.
La otra pregunta clave es si no había ningún mando militar que se oliese lo que pasaba. En efecto, el archivo funciona con la figura del secretario relator, y en el tiempo durante el que funcionó el negocio del funcionario, este cargo lo ostentaba un comandante, que además pasaba bastante tiempo en el lugar porque se afanó en darle cierto orden. Según la versión oficial, “ese responsable sólo se percató de lo que estaba pasando en el verano de 2007”, es decir, apenas dos meses antes de que el funcionario muriese.
“De hecho, ese comandante fue el que denunció al funcionario al comprobar que faltaban legajos”. El asunto ya era clamoroso. “A raíz de aquello, se abrió una investigación y se tenía previsto trasladar de lugar al funcionario, e incluso podría haberse ido más allá, pero como murió, se zanjó el asunto”.
En el maletero. Eso sí, trascendieron los detalles de su chiringuito: “Metía el coche aquí y cargaba el maletero con los legajos que les pedían; se los llevaba a casa, donde su hijo los digitalizaba. Cuando se destapó el asunto, este hijo suyo nos vino con más de 200 procedimientos, y quién sabe si no habrán vendido más de uno...”, relatan estas fuentes, que estiman que, a la luz del negocio, “pudieron sacarse más de 12.000 euros”. “De hecho, prácticamente todos los expedientes de las sierras de Córdoba y Jaén, los más demandados, pasaron por sus manos”.
“Lástima que no hubiese, al menos, ofrecido copias de cada documento que digitalizaba al archivo”, comentan los historiadores que lo frecuentan y que conocen su “estado tan lamentable, impropio de una democracia con una Ley de Memoria Histórica y muchas respuestas en esos fondos”.

Otra manera de hacer memoria en el callejero

León incluye en su callejero a dos víctimas civiles de Franco

Isaac Cabo aprovechó la noche para bajar a Ponferrada (León) desde el monte donde llevaba escondido todo el agosto de 1936. Era uno de los sujetos a eliminar desde que los golpistas se hicieron con la comarca de El Bierzo. Cuando llegó a su casa, encontró los cuerpos sin vida de su mujer, Jerónima, de 22 años, y su hijo, Fernando, de cuatro años. Lo que Isaac no sabía aquel 23 de agosto y nunca supo hasta su muerte es que Jerónima estaba embarazada.
El Ayuntamiento de León dedicará ahora una calle a las dos víctimas a iniciativa del propio Consistorio (PSOE), después de la negativa del de Ponferrada (PP), donde aún permanece en pie la casa donde sucedió el asesinato.
Isaac registró la muerte de su mujer el 23 de noviembre de 1945 en el registro civil de Ponferrada. Habían pasado nueve años desde que se encontrara sus cadáveres donde esperaba encontrar refugio frente a los falangistas. De su familia ya sólo guardaba una fotografía. Atrás quedaban tres condenas de los tribunales franquistas por "adhesión a la rebelión". Las denuncias siempre llegaron del asesino de su familia: Sinforiano Prada. Un pistolero cuyo nombre aparece relacionado con los peores sucesos de la represión en esta comarca.
Lo contó todo en una carta
La historia de Jerónima y Fernando pervivió en la memoria colectiva de Ponferrada durante décadas, hasta que Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, descubrió en el archivo militar de Ferrol el caso descrito con todo detalle en la causa contra Isaac. El viudo, preso en Santander, donde fue detenido como miembro del Cuerpo de Carabineros del ejército republicano, envió una carta al juez en la que describía su desgracia.
Durante el verano de 1936, Isaac perdió a sus padres, sus dos hermanos y un cuñado, además de a su mujer y su hijo. Ese fue el castigo franquista a la participación de este jornalero de UGT en la revolución de 1934.
Sobrecogido por la injusticia, Macías buscó testimonios orales para encontrar la fosa. Encontró un testigo clave a pocos metros del lugar del crimen. Sara Blanco, que aquel 23 de agosto apenas tenía un par de años más que Fernando, fue la única persona viva que lo vio todo.
Sara le describió los gritos de Jerónima al intentar salvar a su niño. Allí, en mitad de la calle, trataron de que delatara a Isaac. Los disparos acabaron con los gritos y los cadáveres quedaron dos días junto a la carretera que unía León con Galicía. Los falangistas querían provocar la salida de su escondite de Isaac con la exposición de los cuerpos. Sólo consiguieron aterrorizar a los vecinos, como Sara, que recordó a esos cadáveres durante décadas.
La ARMH exhumó los restos de Jerónima y Fernando el pasado septiembre. Lo primero que apareció fue uno de los zapatos con los que Fernando posa en la única fotografía que se conserva de ellos dos.

PÚBLICO
jueves, 19 de febrero de 2009

Belloch compara al fundador del Opus con Luis Buñuel

El homenaje a Escrivá de Balaguer al ponerle una calle es un empeño personal del alcalde socialista de Zaragoza

José María Escrivá de Balaguer, (Huesca 1902, Roma 1975), fundador del Opus Dei, canonizado por la Iglesia y condecorado con dos medallas de honor por el dictador Francisco Franco tendrá también a partir de ahora una calle en Zaragoza. La decisión, ratificada el martes, obedece a un empeño personal del alcalde socialista Juan Alberto Belloch, que define a Escrivá como "el aragonés más importante de la segunda mitad del siglo XX y de mayor proyección internacional, exceptuando a Luis Buñuel".
La decisión se tomó en la última reunión de la junta de Gobierno de Zaragoza y tendrá que aprobarse en el próximo pleno. La corporación municipal decidió también el cambio de nombre de 43 calles de la ciudad, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. La intención inicial de Belloch era incluir la calle de Escrivá en esos cambios de nombre, pero tras la polémica suscitada en los últimos días, el nombre del fundador del Opus estará al final en una vía nueva.
"Escrivá es el aragonés más importante de la segunda mitad del siglo XX, exceptuando a Luis Buñuel" El nombramiento ha recibido fuertes críticas desde personas del propio partido del alcalde, a los que Belloch no ha dudado en calificar como "sectarios". El regidor explicó que en un primer momento se había decidido dedicar a Escrivá la calle del General Sueiro, (destacado militar franquista), pero se cambió de idea para "evitar romper el consenso sobre la Ley de la Memoria Histórica" de la comisión que ha estudiado durante dos años la nomenclatura franquista del callejero de Zaragoza.
El historiador aragonés e hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, Julián Casanova, destaca que el personaje en cuestión murió en Roma en 1975, "antes de que le diera tiempo a hacer la transición democrática". El autor de La Iglesia de Franco (Crítica) señala ese detalle para explicar que José María Escrivá de Balaguer es un personaje muy ligado al franquismo. Primero como confesor espiritual del propio Franco y después como fundador de una organización que predicó "la subordinación de la mujer" y practicó "la depuración de intelectuales y liberales de la universidad" durante todo el régimen.
"Sin valores democráticos"
"Puedo entender que la Iglesia le haga santo y en eso no me meto, pero este hombre no encarna ningún valor democrático que merezca que se le reivindique", sentencia Casanova.
El historiador y el grupo municipal de la Chunta Aragonesista coinciden en señalar la inoportunidad del alcalde al invocar el recuerdo de un personaje que ni siquiera nació en Zaragoza (es natural de Barbastro, Huesca) y que silenció las constantes violaciones de los derechos humanos del régimen de Franco. Destacan a la vez el olvido al que están sometidos los 3.543 muertos en la ciudad entre 1936 y 1946. Muchos de ellos, en la fosa común del cementerio.

HIJOS DEL OLVIDO
La 'fábrica' de bebés

Decenas de niños dados en adopción por la clínica San Ramón de Madrid buscan su origen. Dos de ellos, entregados a sendos matrimonios de Valencia, dan la cara por primera vez

JESÚS DUVA

DOMINGO - 22-02-2009
Decenas de recién nacidos -quién sabe si tal vez centenas- fueron dados en adopción al poco de haber sido alumbrados por sus madres en la clínica San Ramón de Madrid en los años 70 y 80 del siglo anterior. Muchos de esos niños -son ya hombres y mujeres- buscan compulsivamente sus orígenes; descubrir quién era su madre biológica; saber por qué renunció a ellos y si lo hizo voluntariamente o si fue engañada; aclarar si su proceso de adopción fue limpio o si en realidad fue fruto de una burda transacción económica... No importa que haya pasado mucho tiempo. No importa que la mayoría de esos chicos y chicas sean ahora adultos con una vida feliz. En todos hay un deseo, que en algunos casos llega a convertirse en obsesión, por encontrar el rastro de su progenitora. Entre ellos están José y Miguel Ángel, dos niños del San Ramón, que han decidido dar la cara y romper el muro de silencio que enmudece a los demás. Ellos son los primeros en hablar abiertamente y en dejarse fotografiar.
La clínica San Ramón se vio salpicada en noviembre de 1981 por una operación policial que culminó con la detención de cinco mujeres y un hombre por presunta venta de recién nacidos. La Brigada Judicial de Madrid actuó tras tener conocimiento de que una prostituta que ejercía en la calle de la Montera había dado a luz a un niño y que éste había sido entregado, previo pago de varias decenas de miles de pesetas, a un matrimonio residente en Levante. Eso destapó una compleja red de supuesta compraventa de bebés.
"El centro médico en que fueron asistidas las parturientas fue la clínica San Ramón, situada en el paseo de La Habana número 143, donde obtenían toda clase de facilidades para ocultar su identidad. En las certificaciones presentadas ante el Registro Civil constaba que el recién nacido era hijo de madre desconocida", informó en su día la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Cuando muchos de aquellos niños del San Ramón se han enterado de aquellos hechos y de su propio proceso de adopción, les han asaltado las dudas. Dudas sobre la actuación del doctor Eduardo Vela -el tocólogo que dirigía el sanatorio y firmaba los papeles del parto-, así como sobre cuantas personas y funcionarios intervinieron en el asunto. Dudas, incluso, sobre si sus madres biológicas renunciaron a ellos conscientemente o si éstas fueron engañadas diciéndoles que su criatura había nacido muerta. El escaso y laxo control que entonces había por parte de las autoridades estatales sobre los menores abandonados da pie a todo tipo de especulaciones.
Un lote de esos críos fue a parar a Valencia, en concreto a varios municipios de la comarca de L'Horta sur (integrada por los pueblos de Catarroja, Albal, Alfafar, Benetússer, Massanassa y otros). En uno solo de esos pueblos viven hasta nueve de esos niños nacidos en el San Ramón, aunque entre ellos y sus vecinos son más conocidos como los niños de Madrid. Uno de esos chiquillos es José, nacido el 8 de julio de 1976, según los documentos que posee. Otro es Miguel Ángel, nacido el 12 de agosto de 1978. Nadie sabe por qué hay tan alta concentración de adoptados en un territorio tan pequeño. Lo más probable es que funcionase el boca a boca y que un matrimonio contase a otro la relativa facilidad que había para conseguir un bebé entrando en contacto con la red que se movía en torno al sanatorio San Ramón. En casi todos los casos se trataba de parejas que rondaban los 40 años, sin hijos y bien situadas económicamente. Y en casi todos los casos se repiten los personajes: el mismo doctor Vela, el mismo abogado, el mismo notario, los mismos intermediarios y hasta el mismo taxista que trasladó a los adoptantes hasta Madrid y después regresó al pueblo con ellos y con el recién nacido.
Entre los papeles que guarda José hay una factura del sanatorio madrileño en la que consta que su madre adoptiva abonó 27.363 pesetas en concepto de "gastos de sanatorio, quirófano y medicación; honorarios de puericultor y matrona; honorarios de clínica y gastos de incubadora". Naturalmente, esos gastos correspondían a los ocasionados por el parto de la madre biológica, no de la adoptiva.
"Nací muy prematuro y tuve que estar cinco días en la incubadora. Cuando me trasladaron desde Madrid a Valencia en un taxi, seguía estando muy débil. Y mi madre me contó que los trabajadores del San Ramón le dijeron: 'No se preocupe. Métalo en el maletero, y si se muere, lo tira y le damos rápidamente una niña'. ¿Cómo le podían decir eso?", se queja José. El chico, afortunadamente, salió adelante y hoy es un hombre fuerte y sano.
"Llevo más de diez años buscando, intentando saber quién es mi madre natural, para aclarar si ella me abandonó conscientemente o si todo fue fruto de una compraventa", relata José en su vivienda, rodeado de su joven esposa y de su hijita. "A mí me contaron mis padres adoptivos, ya fallecidos, que soltaron dinero a espuertas y que temblaban cada vez que recibían la visita de algunas personas que intermediaron en el proceso de adopción", agrega. Y entre ellas cree que estaban una mujer oriunda de Xàtiva y un sacerdote, ya jubilado, que ejercía su ministerio en Madrid.
Los padres fueron obligados a presentar un completo inventario de sus propiedades antes de recibir al crío. En un folio rubricado por el matrimonio, éste declara que es dueño de dos casas, una huerta de naranjos, 25 cerdos, un caballo, dos carros, una moto Vespa, un coche... En total, bienes que ellos mismos valoran en más de nueve millones de pesetas.
José fue inscrito en el Registro Civil de Chamartín (Madrid) por Ramón C., del que se dice en el oportuno documento oficial que lo hacía en calidad de "encargado del sanatorio donde ha tenido lugar el nacimiento" del crío, del que no se hacen constar ni nombre del padre ni nombre de la madre. Ramón, un antiguo herrero de Tomelloso (Ciudad Real), en realidad no era ningún "encargado del sanatorio", sino una suerte de empleado de mantenimiento, que lo mismo arreglaba la calefacción que conducía una furgoneta para transportar unas botellas de oxígeno.

-Yo era un mandado, dice Ramón.
-Pero usted inscribió en el Registro Civil a bastantes niños supuestamente abandonados por sus madres... ¿no?
-Sí. No sé cuántos. Yo calculo que serían doce o catorce. Yo hacía lo que me mandaban el doctor Eduardo Vela o el administrador del sanatorio (un tal señor Camón).

-¿Y sabe usted por qué nacían allí tantos niños que luego eran abandonados por sus madres?
- No lo sé. También a mí eso me parecía extraño, pero...

El encargado de mantenimiento asegura que las mujeres que presuntamente daban en adopción a los bebés no eran prostitutas o drogadictas. Al menos, no todas. También había muchas jóvenes solteras, recién casadas, trabajadoras, empleadas domésticas y todo tipo de mujeres "normales". Ramón C. recuerda, por ejemplo, el caso de una enfermera que decidió no quedarse con su hijo tras darlo a luz.
En los años 70 y 80 era muy fácil la tramitación de las adopciones si se podía sostener ante un juez que no se conocía la identidad de los padres, que el niño estaba en situación de abandono y que no estaba acogido en ningún establecimiento benéfico. En ese caso, bastaba dejar pasar seis meses para que el bebé fuera dado legítimamente en adopción, al considerar que era "lo más útil y beneficioso" para él. Sin más problemas y sin más requisitos que el teórico control de un juez de Primera Instancia. Hasta que una reforma legislativa recortó en 1987 el inmenso poder de los médicos, obligándoles a comunicar a las autoridades cada caso de adopción en que intervenían.
Miguel es otro de los niños de San Ramón. La documentación que tiene asegura que nació el 12 de agosto de 1978 en esa clínica, tras lo que "su madre le abandonó y entregó la criatura a la encargada del sanatorio, Laura Cecilia R.M." Después, el bebé fue dado a un agricultor valenciano con buena posición económica y a su esposa, un ama de casa, porque "le habían tomado tal cariño como si de su hijo legítimo se tratara", según los documentos legales. ¿Pero dónde y cómo tomaron cariño estas personas a un niño al que no conocían?
"Desde que nací tengo una especie de lunar rojo en el entrecejo. Es algo muy característico y estoy seguro de que, si me viera mi madre biológica, me reconocería inmediatamente", dice Miguel con convicción. "¿Es posible que mi madre tuviera la frialdad de abandonarme? No me lo creo. ¿No sería engañada para que lo hiciese?", añade. Es una pregunta que le corroe y que lleva años intentando que alguien le responda.
Las dudas son especialmente acuciantes en el caso de las mujeres. "Cuando me pregunta el médico por mis antecedentes familiares, tengo que mentir como una bellaca. ¿Qué sé yo de las enfermedades que padecían mi madre o mi padre? No lo sé... y eso me angustia", confiesa una mujer nacida en San Ramón en los años 80.
La revista Interviú publicó en diciembre de 1981 una serie de tres reportajes sobre esta clínica -hoy ya inexistente- que, a tenor de los testimonios de trabajadores anónimos, aparecía reflejada como si fuera una casa de los horrores en la que supuestamente sucedían las cosas más extrañas: embarazos simulados, cadáveres de bebés conservados en un congelador, supuestas presiones a jóvenes madres solteras para que dieran a sus criaturas en adopción...
Varias mujeres que dieron a luz en el San Ramón han confiado a EL PAÍS sus temores de que fueran víctimas de un engaño: en su día les dijeron que su bebé había nacido muerto, pero ni ellas ni sus maridos o compañeros sentimentales vieron jamás el cadáver. La mayoría de las parturientas eran jóvenes a las que algún directivo de la clínica les aconsejó entonces que se olvidasen de todo porque el propio centro se ocuparía del entierro y del resto de los trámites.
"¿Sería verdad que mi niño había muerto? ¿O simplemente me engañaron y dieron a mi bebé en adopción?", se pregunta una madrileña, actualmente madre de familia.
Internet permite que estos hombres y mujeres hayan decidido formar una red de ayuda mutua. Hay adoptados que ahora, al buscar sus orígenes, no dudan en tildar al San Ramón de "maldito sanatorio". En las páginas web quiensabedonde.es, buscapersonas.org y otros foros hay infinidad de mensajes de personas que buscan una pista para aclarar el proceso por el que fueron a parar a manos de sus actuales familias. Es un proceso difícil porque, según el doctor Vela, todos los archivos fueron destruidos por imperativo legal. Un enigma colectivo casi imposible de resolver. -

Franco inventó la memoria histórica

El dictador encargó censos de desaparecidos y exhumaciones desde 1936. El BOE prueba su preocupación por honrar (sólo) a su bando

NATALIA
La Ley de Memoria Histórica la inventó un dictador, Francisco Franco, cuando sólo era un general golpista. No la llamó así, pero no hay, en el texto arrancado con esfuerzo a las fuerzas democráticas en 2007, nada que el Caudillo no hubiera hecho 70 años antes. Fue Franco el primero en pedir un censo de desaparecidos de la guerra; el primero en encargar a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y el único en preservar por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Todo únicamente para las víctimas de su bando.
Así se lee en la fuente más fiable posible, al menos, la más oficial. Múltiples leyes, decretos y órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado dan cuenta, desde casi el principio de la contienda, en 1936, de la preocupación de Franco no ya por ganar la guerra, sino por honrar a sus víctimas. Así lo han constatado cuatro investigadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tras dedicar más de 400 horas a bucear en una fuente tan generosa como inabarcable. "Sólo hemos podido arañar el BOE analizando algo más de 3.000 páginas", reconoce Carlos Agüero, coordinador de la investigación.
Franco vigiló que todas sus víctimas fueran inscritas en un censo de desaparecidos o fallecidos acompañando las palabras "muerto gloriosamente por Dios y por España". Y quiso atender "tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron víctimas de la barbarie roja"; esto es, recuperar los cuerpos de las fosas comunes donde yacían.
Para llevar a cabo la "piadosa finalidad" de devolver a las familias los cadáveres de sus seres queridos, una ley de mayo de 1939 facultó a los Ayuntamientos para no exigir los impuestos que "gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres víctimas de la barbarie roja", obedeciendo a "la verdadera necesidad de rendir el postrero homenaje de respeto a los restos queridos de personas asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares inadecuados". Otra orden de 1940 publicaba el "modelo de acta de exhumación" que había elaborado su comité de expertos, en este caso, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. El protocolo de exhumación incluía la expropiación temporal de un terreno cuando los restos se hallaran en fincas privadas y la declaración del lugar de "tierra sagrada".
Además, en abril de 1940, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los Ayuntamientos que adoptaran "medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista". Y explicaba: "Con el fin de evitar posibles profanaciones y guardar el respeto debido a los restos sagrados de los mártires de nuestra Cruzada, los Ayuntamientos acotarán y cerrarán, de modo provisional, pero que reúna las precisas garantías de seguridad, aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de (...) asesinados por los rojos".
Y para los casos en que nada de lo anterior fuera suficiente, Franco estableció medidas drásticas: "Para defender este camposanto (Paracuellos)", recordaba un decreto de marzo de 1951, "fue desviado en 1941 el torrente de San Miguel, afluente del río Jarama, y se llevó a cabo una variante de la carretera provincial de Barajas a Fuente el Saz".
Quiso preservar (y lo logró) los lugares donde yacían sus muertos para que pudieran ser devueltos a sus familias. Mientras, muchas de las fosas de republicanos eran sepultadas para siempre por autovías y edificios. Y concedió, desde 1936, generosas pensiones vitalicias a sus viudas, algo que las esposas del bando enemigo no lograron hasta 1979. "Hemos encontrado pensiones de más de 1.200 pesetas, un fortunón para la época, y eso, en la España de la posguerra, generó unas élites de vencedores, poderosas y ricas", afirma Agüero.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, esta investigación derriba la tesis de que Franco diera un "golpe espontáneo" porque "comienza a legislar desde el primer momento" y demuestra lo "absurdo" del debate sobre la ley de memoria: "quienes decían que habría que reparar a los dos bandos deberían haber sabido que uno de ellos se autorreparó durante años". Silva lamenta no haber podido investigar más. "Hemos gastado más de 1.000 euros en las consultas al BOE. Prefiero usar ese dinero para ayudar a familiares a recuperar a los suyos". Como hizo Franco. -

Memoria histórica sin presupuesto..

Carlos Carnicero

Por una amplísima mayoría -233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones- el Senado ha rechazado una enmienda a la ley de Memoria Histórica para que sea el Estado quien sufrague los gastos de desenterramiento de las fosas comunes de la guerra civil. Un año y medio después de la aprobación de la ley, las familias de las víctimas muestran su desencanto por las dificultades que atraviesan para localizar los cadáveres de sus familiares y sepultarlos en lugar adecuado.
La ley despacha con un ambiguo "facilitará" su compromiso con las asociaciones de recuperación de la memoria para proceder a los desenterramientos y la identificación de las víctimas. Se trataba, con la enmienda presentada, de que el Gobierno corriera con los gastos y organizara las labores de recuperación. No ha sido posible. El asunto tiene un componente emocional dramático porque muchos familiares, por su avanzada edad, tienen poco tiempo para culminar el sueño de dar sepultura con dignidad a sus familiares asesinados.
La Memoria Histórica es un concepto pretencioso; existen hechos objetivos e interpretaciones sobre los mismos. Hay algunas realidades que no se pueden discutir: la República, con todos sus fallos y todos sus excesos que no pudo o supo controlar, era el poder legítimo y constitucional de España y el golpe militar y la dictadura un régimen carente de toda legitimidad. Los asesinatos y ejecuciones sumarias de la dictadura y los llevados a cabo por los militares sublevados no pueden ser objeto de otra reacción que la condena por su carácter ilegal y reparar esa injusticia es la forma de cerrar con dignidad un pasado execrable con el que los españoles tenemos que convivir.
Pero de todos los símbolos de esa memoria histórica que se quiere instaurar como oficial no hay ninguno tan importante como el de la dignidad de la víctimas. Y la pregunta obligada es para qué era necesaria una ley que tanto se discutió si no es capaz de dar respuesta presupuestaria a su prioridad más señalada.
Está ocurriendo con demasiada frecuencia que leyes emblemáticas para el Gobierno terminan por ser realidades impracticables. Ha ocurrido algo parecido con la Ley de Dependencia, la joya de la anterior legislatura que promovió el cese del ministro que la impulsó y la acumulación de protestas por la falta de cumplimiento por los complejos mecanismos para solicitar las ayudas que se vendieron como la ampliación del estado del bienestar y un ejemplo para Europa.

Los muertos han aprendido a esperar

José Antonio Martín Pallín

EL PAÍS
Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Histórica, publicada casi 30 años después de la instauración de la democracia. Un manto de silencio ha caído sobre la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 que abrió diligencias penales para judicializar y esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garzón plantea una cuestión clave: "Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española por lo que, hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad".
La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los líderes golpistas y admite, dialécticamente, la existencia de delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa.
De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos crímenes, inhibiéndose en favor de los juzgados de instrucción, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos añade que esta resolución no afecta al "legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria". Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resolución las cuestiones relativas a la prescripción o a la aplicación de la Ley de Amnistía. Resulta llamativa la afirmación tajante de que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Orgánica 4/1988.
Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hipótesis, pero a continuación hace una finta, señalando que, en todo caso, sería competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condición de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sabíamos que un general golpista es un alto cargo y que además actúa en el ejercicio de sus funciones.
Si la AN conoce de los crímenes de derecho internacional sujetos a jurisdicción universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucción españoles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en España. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vacío pero mucho más a la irracionalidad. Si la jurisdicción es universal, el territorio español no puede quedar fuera del universo. Es una contradicción en los términos, insalvable y absurda.
La situación actual es paradójica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucción tampoco quieren saber nada de la investigación de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PAÍS publicó la fotografía de una fosa común repleta de cadáveres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucción a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cadáveres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en Málaga y ningún juzgado ni la fiscalía han solicitado que se abran unas diligencias penales.
Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugiándose en el texto de la Ley de la Memoria Histórica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecución de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por España.
Los historiadores futuros comprobarán asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini.
Tampoco me parece solución abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavación arqueológica. El Senado, en reciente decisión, ha privatizado la tragedia histórica, negando subvenciones para buscar la verdad.
Ésta es la paradójica situación actual. Miles de cadáveres a la búsqueda de un juez que les ampare. Los muertos están en las cunetas y fosas por crímenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que algún juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que está investigando son verdaderos crímenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habríamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayoría de las víctimas.

La Transición no fue modélica

VICENÇ NAVARRO

Existe una percepción generalizada en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la Transición de la dictadura a la democracia que tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta fue modélica; es decir, ejemplar. Quisiera exponer en este artículo mi desacuerdo con esta percepción, subrayando que la continua promoción de tal lectura de nuestra realidad favorece a las fuerzas conservadoras, que continúan teniendo un enorme poder en nuestro país. En realidad, la Transición se hizo en términos muy favorables a estas fuerzas conservadoras, herederas de aquellas que en su día fueron responsables del golpe militar de 1936 y que, 40 años más tarde, dirigieron aquel proceso de transición. Me estoy refiriendo a la banca, a la patronal y a la Iglesia, defendidas por el Ejército y por la Monarquía, que representa el símbolo y continuidad de este dominio.
Este enorme bloque de poder se vio forzado a realizar cambios significativos en respuesta a grandes movilizaciones populares. La imagen tan promovida por el establishment mediático y político del país de que el rey nos trajo la democracia es una burda manipulación del análisis histórico. La mejor prueba de la escasa sensibilidad democrática del monarca fueron los borradores del cambio propuesto por los primeros gobiernos monárquicos, en los que la representatividad y diversidad política estaban sumamente limitadas. Fue la presión de las clases populares y, muy en particular, de las huelgas obreras de claro carácter político (ignoradas y ocultadas en la historiografía oficial) las que forzaron los cambios en aquellos borradores.
En aquellos años tuvieron lugar las movilizaciones de la clase trabajadora más intensas que se hubieran visto en Europa desde los años sesenta. En 1976, hubo 1.438 días de huelga al año por cada 1.000 trabajadores (la media en la Comunidad Europea era de 390 días) y en la metalurgia, 2.085 por cada 1.000 (el promedio en la Comunidad Europea fue de 595 días).
Un tanto semejante ocurrió en 1977. Tales movilizaciones forzaron los cambios, pero, debido a la enorme represión de la dictadura (por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco realizó 10.000) y al gran poder del bloque conservador, no consiguieron romper con el enorme dominio político que aquel bloque tuvo en configurar la Transición. No hubo rotura (como sostiene una interpretación sesgada de la Transición, promovida por el bloque conservador y con la complicidad de algunas voces de izquierda), sino una reforma dirigida por aquel bloque de poder y que dejó su imprimátur tanto en la Constitución (que iguala, por ejemplo, la escuela privada –gestionada en su mayoría por la Iglesia y que sirve a los grupos sociales más pudientes de la población– con la escuela pública, a la que asisten los niños de las clases populares), como en el sistema electoral que estableció (que discrimina a la clase trabajadora, hoy enormemente subrepresentada en uno de los sistemas electorales menos representativos de los regímenes electorales existentes).
Y este dominio de aquel bloque conservador continúa siendo enorme. Entre otros indicadores de tal poder cabe destacar que hoy, 33 años después de la Transición, España continúa siendo:
1. El país con el gasto público social por habitante más bajo de la UE, situándose a la cola de los países con semejante nivel de desarrollo económico; es decir, la Unión Europea de los Quince (UE-15).
2. El país de la UE-15 con mayor fraude fiscal, realizado en su mayoría por la banca, la patronal y los sectores más pudientes de la población. Según las propias cifras de los técnicos del Ministerio de Hacienda, tal fraude fiscal equivale a un 10% del PIB, por lo que España es el único país de la UE-15 donde, según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos al año que un trabajador.
3. El país con mayores desigualdades de renta (junto con Gran Bretaña, Grecia y Portugal) de la UE-15.
4. Uno de los países con uno de los Estados del bienestar más polarizados de Europa, con el 30% de renta superior del país cubierto por los servicios educativos (excepto los universitarios) y sanitarios privados, y el 70% restante (clases medias y clase trabajadora) por los servicios públicos.
5. El país de la UE-15 en el que mueren más trabajadores por enfermedades laborales sin que ello conste en su certificado de muerte, como consecuencia del enorme poder de la patronal y de las Mutuas Patronales Laborales que controlan.
6. El único país donde no se puede criticar al jefe del Estado (que no permite en su presencia denunciar al dictador que ha asesinado más españoles en el siglo XX, al cual su consorte, la reina, se ha referido como un dictador blando).
7. El país que aporta más fondos públicos a una de las jerarquías eclesiásticas católicas más retrógradas de las existentes en Europa.
8. El país donde un nacionalismo exacerbado central, heredado del franquismo, ahoga a las nacionalidades periféricas sin permitir el reconocimiento de un Estado auténticamente plurinacional.
9. El único país de Europa que ha padecido una dictadura donde las víctimas asesinadas por aquella continúan desaparecidas sin que el Estado se haya atrevido a desenterrarlas y darles el homenaje que se merecen.
Estos indicadores, entre otros muchos, deberían cuestionar la definición de aquella Transición como modélica. La insistencia en presentarla como tal fortalece a las fuerzas conservadoras que dominaron aquel proceso. Su constante reproducción en los medios tiene, además, el impacto de disminuir las expectativas de cambio entre la población, al reducir los objetivos a los que las fuerzas democráticas debieran aspirar, dificultando todavía más el muy necesario cambio que el país necesita para alcanzar la calidad de vida que su población se merece.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

La memoria dolorida de los Vargas

Dos generaciones de una familia sevillana, testigo de la represión, han ayudado a ubicar fosas comunes y asesinatos.

El niño Manuel Vargas hubiera preferido vivir en cualquier otra calle de Sevilla. Pero le tocó la de Don Fadrique, y justo el número 21, cerca ya de la muralla de la Macarena. Según los historiadores, unas 2.000 personas murieron fusiladas en aquella muralla durante la represión encabezada por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos descansan bajo techo sagrado en la cercana basílica de la Macarena. “Ojalá no hubiera visto lo que vi ni oído lo que oí. Pero ahora que lo he podido contar a todos, ya me puedo morir tranquilo”, dice Manuel, las lágrimas asomadas a los pequeños ojos azules.
Lolo Vargas logró poner una cruz en una tumba colectiva en los años 50 Aunque a Manuel le hubiera gustado crecer sin la vecindad de los disparos, le tocó Don Fadrique, una calle de paso obligado hasta el cercano cementerio de San Jerónimo, escenario de ejecuciones masivas y fosas comunes. Su casa estaba destinada a ser un mirador del horror.
Hoy es la ciudad la que conoce mejor aquel drama gracias a la contribución de la familia Vargas a la recuperación de la memoria histórica –una asignatura pendiente en Sevilla, según todas las organizaciones–. Esta contribución tiene un episodio decisivo “a principios de los 50”, recuerda Manuel. Su padre, Lolo Vargas, herrero y comunista, decidió hacer él mismo una cruz y colocarla sobre la mayor de las fosas comunes del cementerio, con más de 3.000 cadáveres. Esa cruz ayudó, décadas después, a ubicar con exactitud la fosa.

4.000 muertos
“No soportaba saber que estaban ahí, sin ninguna señal. Se coló en el cementerio y puso la cruz ahí. Y nadie la quitó. A veces se caía, y alguien la levantaba. Con el tiempo, unos albañiles la vieron y le pusieron el basamento”, cuenta Manuel, que afirma que a nadie, ni siquiera en el franquismo, pareció molestarle aquella cruz.
Nuevas lápidas han ido enterrando a lo largo de las décadas el recuerdo de las fosas comunes. Incluso las asociaciones a favor de la memoria histórica asumen que será muy difícil que haya exhumaciones. “La complejidad técnica sería enorme”, dice José Manuel García, portavoz de Sevilla por la República.
De los más de 4.000 muertos que se calcula que están repartidos entre todas las fosas, sólo hay registrados unos 900. Las incógnitas ganan por goleada a las certezas. Y una de las escasas certezas es, precisamente, la cruz, que sigue allí medio siglo después. No tiene un solo papel ni oficialidad alguna, pero el mundillo republicano de Sevilla sabe bien qué significa la Cruz de Lolo, como la conocen todos.
Cecilio Gordillo, del grupo sobre memoria histórica de CGT, afirma que la cruz sirvió para ayudar a ubicar esta fosa, que cuenta como único reconocimiento oficial con una placa municipal. “Que allí hay una fosa es el único dato seguro que tenemos”, explica.
La ubicación exacta de la fosa no es lo único que la memoria de Sevilla le debe a los Vargas. El martes, 14 de abril, con motivo del 78º aniversario de la Segunda República, el Ayuntamiento inauguró un monolito en homenaje a los fusilados junto a la muralla de la Macarena. En el acto oficial, se le dio la palabra a Manuel, presentándolo como una persona decisiva en la ubicación exacta del monolito y testigo directo de la barbarie durante lustros. “Tuve la desgracia de vivir en Don Fadrique”, comenzó Manuel, militante del PCE, ante 150 personas.
Disparos en plena noche
El año 1936 le pilló a Manuel con apenas tres años, pero hubo fusilamientos hasta 1952. Al otro lado del arco de la Macarena, fue donde más guerra dio a Queipo la frágil resistencia obrera. Quizás por eso eligió la muralla para sus numerosas matanzas.
Los recuerdos de Manuel van desde el llanto de su madre hasta los camiones en plena noche cargados de presos. “Los oía gritar, rezar, llorar”, cuenta. Y, finalmente, los disparos. También recuerda que en el cementerio, donde iba a llenarse los bolsillos de moras, descubrió un día un cráneo con un agujero. Y todo lo rememora emocionado, aliviado y casi sorprendido de que, después de tantos años, le pregunten ahora por el tema. “Que no se olvide”, pide, mirando orgulloso la cruz que forjó su padre.

Por qué soy republicano

VICENÇ NAVARRO

Como era predecible, mis críticas al rey y a la monarquía han creado gran revuelo dentro y fuera de las páginas de Público, lo cual me fuerza a responder por qué creo que sería mejor que en España tuviéramos una república en lugar de una monarquía.
Durante mi largo exilio he vivido en varios países, incluyendo una república, Estados Unidos. Y aun cuando he sido muy crítico en mis escritos con la democracia estadounidense, hay un aspecto de ella que valoro muy positivamente: la cultura republicana, en la que las distancias sociales entre el jefe del Estado y las clases populares son mucho más reducidas que en cualquier sistema monárquico. Tal cultura democrática transmite una sensación de que el poder deriva de la ciudadanía, puesto que, si a la población no le agrada el jefe del Estado, puede cambiarlo por otro. Es más, cualquier ciudadano puede aspirar a ser jefe del Estado. Esta distancia se reduce incluso más cuando este procede de las clases populares, que sienten al presidente como alguien suyo. Hemos visto este año la gran alegría entre las clases populares (y muy especialmente entre la población afroamericana) de aquel país al ser elegido uno de ellos (hijo de una madre pobre y de un padre africano de Kenia) presidente. La sensación de poder y complicidad con el jefe del Estado en estas situaciones es enorme. No es sólo la capacidad de elegir al jefe del Estado, sino también la percepción de que todos pueden serlo, lo que da gran poder a la ciudadanía.
Tal principio de responsabilidad democrática es negado en una monarquía. En esta, la distancia social es intrínseca en el sistema y aparece constantemente, como cuando el rey llama de tú a todos los ciudadanos, los cuales deben referirse a él de usted, todo ello envuelto en un ambiente jerárquico y cortesano que enfatiza esta distancia. Incluso el himno nacional es una marcha real frente a la cual los ciudadanos se yerguen respetuosamente en silencio. Se reproduce así una cultura de vasallaje a la cual algunas izquierdas no son inmunes. Véase el blindaje mediático de la figura del rey. Voces críticas apenas tienen cabida en los medios de información y persuasión del país.
A estas reservas a la monarquía añado otras que tienen que ver con los orígenes de la monarquía en España y su desarrollo durante la democracia. El monarca no sólo fue nombrado por el dictador, sino que fue parte de la nomenclatura de aquel Estado dictatorial dirigido por un general al cual nunca ha criticado. Antes al contrario, lo ha alabado incluso en tiempo de democracia. Así, el 18 de julio de 1978, la Casa del Rey publicó el siguiente texto: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Tal supuesta regeneración condujo a 192.684 ejecuciones y asesinatos, incluyendo 30.000 personas que continúan desaparecidas y estableciendo una dictadura en gran parte responsable del enorme retraso económico y social de España. Cuando el dictador murió, España tenía el porcentaje más elevado de Europa de personas con escasa educación (84%).
La Casa Real es un círculo profundamente conservador, como lo atestiguan declaraciones de sus miembros, que incluyen desde las recientes declaraciones de la reina (definiendo a una de las dictaduras más represivas que han existido en Europa como una dictadura blanda), a las del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, quien subrayó su coincidencia con Pío Moa en una entrevista a El Periódico (08-07-03) en su justificación del Golpe militar de 1936 y la dictadura que estableció. El mundo social del monarca, que es el jefe de los Ejércitos, es predominantemente el mundo empresarial y financiero. Es un error derivar de los abruptos anti-monarca del ultraderechista Losantos, concluir que las derechas han dejado de ser monárquicas. El eje central de las derechas lo constituye el Ejército, la Iglesia, la patronal y la banca, que apoyaron y continuarán apoyando a la monarquía porque les ofrece un orden constitucional que les favorece. Prueba de ello es la continua promoción de la monarquía y del rey en los medios de información que controlan o influencian, que son muchos.
Es el temor a los herederos de la dictadura, incluyendo a la monarquía, el que ha frenado la corrección de la Historia de nuestro país, incluyendo lo que fue la república, la dictadura y la transición, presentándose esta como resultado de la vocación democrática del monarca, ignorando el papel determinante que tuvieron las movilizaciones obreras que forzaron la apertura democrática que no existía en los proyectos originales aprobados por los Gobiernos monárquicos de aquel periodo. De ahí que haya definido esta tergiversada versión de la transición de la dictadura a la democracia como falsa, es decir, que no corresponde a la realidad.
No dije, sin embargo, –como se me acusa– que la transición era falsa, pues la democracia significó un importante cambio real y no falso. Lo que sí dije, y me reafirmo en ello, es que la transición fue inmodélica, pues la democracia, resultado de aquel proceso, dista mucho de ser ejemplar. Tampoco dije, como se me acusó, que el Estado español está controlado por las derechas. Dije que estas tienen mucha más influencia sobre tal Estado que las izquierdas, lo cual explica la continuación de la democracia incompleta, causa del bienestar insuficiente de nuestro pueblo. Indicar que la monarquía (junto con la Iglesia, el Ejército, la patronal y la banca) no tiene nada que ver con ello me parece que es desconocer la realidad que nos rodea.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

El PP le quita una calle a un alcalde republicano asesinado

El regidor de Churriana (Granada) afirma que las vías deben tener "nombres asépticos"

Arsenio Zurita ÁNGEL MUNÁRRIZ / PURA RAYA - SEVILLA / GRANADA
El pleno de Churriana de la Vega (Granada) aprobó este martes, con los votos de la mayoría absoluta del PP, retirar la calle que le había concedido a Francisco Álvarez, alcalde socialista de la localidad asesinado el 8 de octubre de 1936 por las fuerzas rebeladas contra la II República. El actual regidor, Vicente Valero, atribuyó la decisión a su obligación de "garantizar la convivencia" ante los intentos del PSOE de "crear crispación".
El pleno aprobó el 7 de enero por unanimidad (siete votos del PP, seis del PSOE) que la calle Comandante Franco pasara a llamarse Francisco Álvarez. Los socialistas invocaron en la propuesta la Ley de Memoria Histórica, pese a que la calle no se llamaba así por el dictador, sino por su hermano republicano, Ramón. El PP apoyó el cambio con su voto.
Francisco Ruiz, portavoz del PSOE, acudió el 7 de abril al despacho del alcalde para informarle que el PSOE iba a celebrar el 1 de mayo un homenaje a Álvarez, con los familia del edil asesinado. Al acto no estaba invitado el PP. Valero, "indignado" por este "sectarismo", decidió retirarle la vía a Álvarez y llamarla calle del Aire. "Al ver que el PSOE nos excluía del homenaje, decidí ponerle un nombre aséptico. También hubo muertos en el otro bando, y no se les ponen calles", explica con enojo.
El PSOE no entiende esta reacción. "Tenía cualquier día para el acto institucional, pero el 1 de mayo era de los socialistas con la familia, que prefiere que el alcalde no vaya. El problema es que tiene pánico a que la gente se reúna sin él", dice Ruiz.
El Ayuntamiento instaló este martes la calle con el nombre del Aire, después del acuerdo plenario. El hijo del alcalde asesinado, Francisco Álvarez Moles, que tenía tres meses cuando murió su padre, iba a viajar desde Barcelona, adonde emigró con 14 años, para asistir al acto del PSOE y a la rotulación de la vía en memoria de su progenitor. Ahora está "decepcionado". "Ya no vuelvo al pueblo", señaló este martes a Público. Este hombre, que tiene una prima en Churriana, dice que allí "no hay democracia".